La juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, rechazó otorgar la suspensión provisional al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, por lo que no se eliminó la alerta migratoria en su contra que emitió el Instituto Nacional de Migración (INM).
No obstante, la autoridad en la materia admitió el trámite de garantías, le negó la medida cautelar. Conviene recordar que la alerta en contra del priista fue solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, tras comenzar una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, lavado de dinero y fraude fiscal.
Asimismo, se otorgó un plazo de 48 horas para que las autoridades competentes rindan un informe sobre el caso y estableció el 16 de noviembre como la fecha donde se llevará a cabo la audiencia incidental donde se resolverá si otorga o no la suspensión definitiva de la alerta.
Esta fue la segunda vez que se rechazó la suspensión de la alerta migratoria, tan solo el pasado 2 de agosto, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa rechazó dicho trámite solicitado por la defensa del priista, debido a que el juez Martín Adolfo Santos Pérez se declaró incompetente para conceder el amparo.
Dicha determinación de la autoridad respondió a que no observó que el también diputado federal haya sido privado de la libertad en algún centro migratorio, además de que tampoco se alegaron agravantes que afecten su vida, por lo que continuaría la medida migratoria.
La información de la medida cautelar fue dada a conocer por el propio Moreno Cárdenas, quien el 10 de julio dio a conocer vía redes sociales que había sido retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por menos de 20 minutos tras su regreso a la capital del país proveniente de Washington, DC., Estados Unidos.
De acuerdo a lo que se informó, la retención tuvo como objetivo verificar los documentos del legislador; sin embargo, éste acusó a la medida como una “muestra más” de la presunta persecución política en su contra por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Me informan las autoridades migratorias, después de tenerme varios minutos en esa oficina llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué. A ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores”, expreso mediante un video.
Horas más tarde del suceso, el Instituto Nacional de Migración, mediante la cuenta oficial de la Secretaría de Gobernación (Segob), se posicionó sobre la denuncia que presentó el priista en redes sociales y sentenció que solo se activó el procedimiento correspondiente tras la solicitud de la Fiscalía de Campeche.
Pese a lo anterior, el 16 de agosto el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, acudió a la Cámara de diputados para solicitar que se inicie el proceso de desafuero contra el líder del PRI nacional; con base en lo que se apuntó, el proceso está relacionado con una misión que el priista construyó cuando fue gobernador de la entidad (2015-2019), misma que está valuada en más de 130 millones de pesos, cifra que tiene disparidad con los ingresos y egresos que el diputado presentó en su declaración.
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