Una diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Reyna Celeste Ascencio Ortega, presentó este13 de septiembre una iniciativa que busca reducir el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La propuesta plantea restringir la posibilidad que el órgano tiene de invalidar normas constitucionales y leyes.
La legisladora expuso por escrito los motivos por los cuales considera necesario limitar la acción de la SCJN, el principal de los cuales sería que el máximo tribunal, al tener facultad para determinar la invalidez de alguna parte de la Carta Magna, estaría ilegítimamente por encima incluso del texto constitucional. En ese sentido señaló:
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, esta iniciativa presentada por Ascencio Ortega contempla reformar el artículo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Actualmente la SCJN debe tener conocimiento, según lo establecido por la Carta Magna, sobre controversias constitucionales, así como sobre posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución.
La relación de Morena con la SCJN
El proyecto de reforma a la SCJN fue presentado por la diputada Reyna Celeste Ascencio poco después de la controversia que generó una propuesta lanzada por el magistrado Luis María Aguilar, de eliminar la prisión preventiva oficiosa. La iniciativa tensó la relación del máximo tribunal con la autodenominada Cuarta Transformación.
La propuesta fue retirada el pasado 8 de septiembre, quien la propuso argumentó que el retiro tiene como propósito de crear una nueva iniciativa. Esto luego de que el tema causó revuelo entre los magistrados de la SCJN, algunos de los cuales incluso acusaron Luis María Aguilar de querer pasar por encima de la Carta Magna.
Fue bajo ese tener que, tras anunciar su decisión el magistrado aseguró: “Jamás he puesto en duda que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento mexicano a la cual le debemos lealtad y obediencia, jamás he propuesto algo contrario”.
Así, la polémica terminó tras semanas en las que Andrés Manuel López Obrador y militantes de Morena hicieron reiterados llamados a votar en contra de la eliminación de esta medida.
Desde que fue dada a conocer la iniciativa, el mandatario nacional fue contundente al expresar su inconformidad con la misma al argumentar que eliminar la prisión preventiva oficiosa era una forma de dar cabida a la corrupción y impunidad por permitir que personas acusadas de comer algún ilícito permanezcan en libertad. Del mismo modo, el jefe del ejecutivo señaló múltiples veces que la reforma favorecía a las personas con poder económico.
Mientras que algunos opositores al gobierno de López Obrador se pronunciaron a favor de lo que propuso Luis María Aguliar. Éstos argumentaron que la medida es violatoria de los derechos humanos y expusieron que es una de las principales causa de la sobrepoblación en los centros penitenciarios, donde gran parte de los recluso se encuentran en espera de un juicio donde quede definida su situación jurídica.
Del mismo modo Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, rebatió el argumento de López Obrador sobre el favorecimiento a la gente con poder adquisitivo alto al asegurar que el país “tiene a miles de personas en la cárcel. La mayoría de ellos son pobres: los olvidados y marginados que no tienen quien los defienda”.
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