En medio del debate que despertó el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, para analizar la forma en que se aplica la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, en el Senado de la República, el PRI presentó una iniciativa de reforma constitucional para revisar que esta figura legal no vulnere Derechos Humanos y sea aplicada únicamente cuando existan elementos de prueba suficientes.
A través del senador por el Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el tricolor propuso reformar el artículo 19 de la Constitución a efecto de que el juez correspondiente pueda ordenar la prisión preventiva como medida excepcional, siempre que sea idónea, racional y proporcional, en relación con el imputado.
Ávila Villegas expuso que la prisión preventiva oficiosa, además de ser un castigo anticipado y arbitrario, es un mecanismo que vulnera el derecho a la libertad personal, que, si bien está prevista en la Constitución, es una figura que debe revisarse a la luz de los derechos humanos.
La iniciativa plantea que no podrá imponerse prisión preventiva con la sola justificación de la inexistencia de un domicilio.
Otro elemento que destaca en la iniciativa del partido tricolor es que esta medida pueda ser revocada cuando se acredite que se han vulnerado los derechos fundamentales del imputado, cuando existe conflicto de intereses de las autoridades participantes, lo que lleva a recordar el caso del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien es sobrino de la senadora Dolores Padierna y fue el juzgador que dicto la prisión preventiva a Rosario Robles.
Además, se plantea que la prisión preventiva sea revocada cuando sea producto de una persecución personal o por asuntos políticos, o cuando los datos de prueba en que se sustente la imputación sean obtenidos de forma ilícita. En este punto se puede señalar las acusaciones contra Alejandro Moreno, de quien se han difundido conversaciones privadas y quien ahora se encuentra acusado por la Fiscalía de Campeche.
El documento de la iniciativa del PRI señala que para que un juez conceda esta medida cautelar será necesario que existan datos de prueba que establezcan la existencia de un hecho que la ley señale como delito, que la conducta imputada encuadre en un tipo penal vigente que señale la pena de prisión, y que la información sea suficiente para sostener razonablemente la probable responsabilidad en el hecho.
También sugiere que, si aún no se dicta la vinculación a proceso y el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, el juez debe analizar la imputación, a fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos, la existencia de datos de prueba durante el auto que decida si vincula o no a proceso al imputado.
La prisión preventiva, dijo Eruviel Ávila, también tiene que ser revocada en los casos que el juez considere que no existen datos de prueba con suficiente fuerza para dictar la privación de la libertad, o cuando las razones y motivos para la determinación sean caprichosas o arbitrarias o no estén debidamente motivadas y fundamentadas.
De esta forma, el ex gobernador mexiquense aseguró que el Senado debe cumplir con su obligación de promover y proteger el derecho humano a la libertad personal con una visión progresiva y que cumpla estrictamente los estándares internacionales.
“Nos corresponde entonces, estar atentos a los criterios jurisprudenciales, nacionales e internacionales, para promover reformas que amplíen de la mejor manera, la protección de los derechos de las personas”, puntualizó el senador priista.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, donde se votará si esta es dictaminada para pasar al Pleno, donde Morena tiene mayoría.
Este martes se espera que la Suprema corte siga con la discusión del proyecto que busca analizar el criterio legal con el que se aplica la prisión preventiva oficiosa y si esto constituye una violación a los Derechos Humanos.
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