
Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, aseguró que el informe de los 43 jóvenes desaparecidos de las escuela Normal Rural de Ayotzinapa, presentado por Alejandro Encinas -subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración- no aporta nada nuevo.
A través de sus redes sociales, el senador integrante del Grupo Popular Parlamentario (GPP) señaló, a resumidas cuentas, que los aportes más notorios del informe son, en realidad, cosas que ya se sabían sobre el triste caso ocurrido en Iguala.
1. Ya sabíamos que era un crimen de Estado.
2. Ya sabíamos que habían 43 normalistas desaparecidos.
3. Ya sabíamos que intervinieron todas las fuerzas de seguridad, incluyendo elementos de la Sedena y la Semar.

De acuerdo con el legislador, lo que el informe debió de resolver eran las siguientes dos incógnitas: ¿Dónde están los 43 estudiantes? y ¿Quién dio las órdenes para que eso pasara?.
Asimismo, señaló que la aportación que tiene este informe es que el gobierno federal ya dio por muertos a los jóvenes desaparecidos: “¿Qué es lo diferente? Que este Gobierno da por muertos a los 43 estudiantes desaparecidos”; sin embargo; la verdadera aportación que este informe reporta, es la oficialidad de la postura de Estado ante la llamada “verdad histórica”.
Y es que la “verdad histórica”, promovida por Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a hora Fiscalía General de la República (FGR), aseguraba que los jóvenes normalistas, en aquella fatídica noche de 2014 en Iguala, Guerrero, secuestraron los autobuses para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, la entonces presidenta del DIF y esposa de José Luis Abarca Velázquez.

Después, indica que la Policía municipal los detuvo, para después ser sustraídos por uniformados de los municipios de Iguala y Cocula, quienes los entregaron en Loma de Coyotes a miembros de Guerreros Unidos. Finalmente, los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, el informe presentado por el subsecretario de Gobernación indica inconsistencias en dicha versión. Lo primero que contradice es el porqué estaban en los autobuses, pues no iban a sabotear nada, sino que iban rumbo a la capital nacional para participar en la marcha del 2 de octubre de aquel año.
Después, la agresión de la que fueron sujetos los jóvenes, aunque sí se reconoce la presencia del cártel Guerreros Unidos, se agrega que no solamente fue la policía municipal, sino que se reconoce la presunta intromisión de fuerzas federales.

Finalmente, el cómo asesinaron a los jóvenes quedó en entredicho, pues si bien Encinas reconoció que no existen evidencias de que los estudiantes se encuentren con vida, tampoco se conoce la metodología por la que pudieron desaparecer los cuerpos; no obstante, la evidencia demuestra que no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Aunque estas cosas ya habían sido señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo relevante es la postura del gobierno ante el reconocimiento de esta versión, pues el grupo internacional había señalado, además de que la “verdad histórica” tenía inconsistencias, aseguraron que, dicha narrativa es imposible, pues al momento de comparar las evidencias a las que tuvieron acceso con las conclusiones de la PGR, sostuvieron que era absolutamente imposible que las cosas pudieran ocurrir de esa manera.
Finalmente, como si esto no fuera suficiente, señalaron el constante acoso de las autoridades mexicanas que les impidieron realizar adecuadamente su trabajo, además de que fueron testigos de que mandos federales estuvieron en las supuestas escenas del crimen alterando las evidencias, ya que señalaron el probable transporte de las cenizas de los estudiantes al basurero de Cocula.
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