El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que contempla un decreto para que la Guardia Nacional deje de ser una institución que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para pasar operativamente a manos de la Defensa Nacional (Sedena) ha sido ampliamente condenado por políticos mexicanos, así como por organizaciones nacionales e internacionales.
Tal es el caso del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), el cual , a través de su director Francisco Rivas, advirtió que el presidente olvida que eso no se puede hacer y para ello se necesita de una reforma constitucional la cual debe pasar por ambas cámaras en donde la oposición dijo que “no pasará”.
“Es lamentable que el presidente decida violar lo que está establecido en la Ley. Es más lamentable que el presidente olvide que a partir de la presencia del Ejército en labores de seguridad hemos visto un aumento en la violencia y que en la medida de que el Ejército se hace presente en los estados crecen los delitos”, enfatizó Rivas mediante un video.
Resaltó que de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Fiscalía General de la República (FGR) se han denunciado más hechos de tortura y de violaciones forzadas a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.
“El Ejército no ha resultado la institución más eficaz para combatir los delitos y la Guardia Nacional está siendo simple y sencillamente una institución operativa del Ejército, sin las capacitaciones que tenía el Ejército que debía sustituir a una Policía Federal (PF) con muchas más deficiencias que las que tenía la PF y que de cara al sexenio no cumplirá ninguna de las promesas que este gobierno nos hizo en materia de seguridad y justicia”, insistió.
El director del Observatorio enfatizó que es un error el planteamiento del presidente “y es ilegal”, por lo que dijo confiar en que el Legislativo “tengan la responsabilidad para frenar una acción que solo traería efectos negativos a la sociedad” , finalizó.
El lunes 8 de agosto, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que emitirá un decreto con la finalidad de que la Guardia Nacional (GN) dependa completamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, en caso de que su iniciativa sea rechazada en el Congreso.
“Ya por acuerdo de la presidencia, la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, pasa completa a la Secretaría de la Defensa. La cuestión operativa ya está a cargo de la Sedena”, destacó.
Al ser cuestionado sobre si esta medida no significaría “saltarse” al poder Legislativo, López Obrador aseguró que no estaba tomando medidas contrarias a las constitucionales.
“Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada” aseguró.
Con ello, el mandatario reiteró que en caso de no aprobarse la medida mediante el poder legislativo, se buscará la manera de que lo haga “en lo administrativo”.
“Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, añadió.
Cabe recordar que el presidente ya había adelantado desde el pasado 27 de julio que su gobierno buscará “blindar” a la Guardia Nacional, por lo que enviaría una propuesta de reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional quedé a cargo del cuerpo policíaco. Es decir, que se tenga un mando militar en lugar de uno civil.
“Que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena para que pueda mantenerse en el tiempo sin echarse a perder. Para que no vuelva a pasar lo que pasó con la Policía Federal Preventiva, que la dejaron suelta dependiendo de políticos y se echó a perder, se corrompió. Queremos que la Guardia Nacional quede inscrita a la Defensa como las Fuerzas Áreas y otras ramas que tienen que ver con la defensa”, dijo el funcionario el miércoles pasado.
La propuesta presidencial también ha sido rechazada por políticos de la oposición, así como por organizaciones extranjeras como Amnistía Internacional (AI), la cual, destacó, es un atentando contra las facultades constitucionales del Poder Legislativo y perpetuando el enfoque de militarizar la seguridad pública.
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