
Las autoridades judiciales no localizaron a Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, en Tijuana, Baja California, y extendieron su búsqueda a la Ciudad de México para saber si ratifica su amparo y si está en buen estado de salud, sin sufrir maltratos.
Carlos Gutiérrez López, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Baja California, manifestó que no fue posible localizar al Mayito Gordo, por ello giró un exhorto para que actuarios judiciales de la Ciudad de México entreguen oficios a dependencias federales y den con el paradero del agraviado.
Hasta el reciente 27 de julio, el integrante del Cártel de Sinaloa no pudo ser notificado de las resoluciones iniciales que el ciudadano Aristeo Angulo Rivera promovió a su favor, previniendo que pudieran arrestarlo tras ser deportado de San Diego.
Con ello se refuerza la hipótesis de que el hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, aún se encontraba en la jurisdicción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, esperando a que proceda su envío a suelo mexicano o se le autorice permanecer en la unión americana bajo libertad supervisada.

Las autoridades capitalinas deberán entregar diversos oficios a la Fiscalía General de la República, Interpol, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en la Secretaría de Gobernación. Entre las áreas mencionadas están aquellas especializadas en investigaciones por lavado de dinero, terrorismo y acopio de armas de fuego, así como delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Todas esas instituciones fueron referidas en el amparo promovido el pasado 26 de julio, supuestamente por el representante legal del Mayito Gordo, porque cada una de ellas pudiera tener participación o responsabilidad en el proceso de deportación.
“El actuario judicial deberá en la diligencia de notificación, dar fe del estado físico en el cual se encuentran el quejoso, sin que exista obligación de tomarle fotos, pues basta la fe pública que tiene para sustentar algún maltrato o tormento (en caso de existir)”, apuntó el acuerdo verificado por Infobae México.
Y es que el hijo del Mayo Zambada cuenta con la suspensión de plano para que no esté bajo tortura, malos tratos o esté inmotivada su retención, es decir, bajo arresto sin sustento alguno. Esas garantías se otorgan de manera automática como parte del proceso legal.

Fuentes consultadas por este medio precisaron que aún si las autoridades tuvieran una orden de arresto, la defensa se estaría preparando para revisar que el mandamiento judicial estuviera sustentado. Sin embargo, el amparo amplía sus peticiones de forma general que se interpretan previsiones contra la captura de Zambada Imperial.
“Les reclamo toda acción que implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, sometimiento a tortura, tratos crueles e inhumanos, de los que se pudieran derivar penas inusitadas y trascendentales”, señala la petición en su apartado particular.
Según Angulo Rivera, el integrante del Cártel de Sinaloa teme que que le sean aplicados trámites que no estén argumentados y, de esa manera, pueda ser ingresado a un centro penitenciario o, al menos, garantizar su traslado a sedes ministeriales en cualquier punto de México, por ejemplo, a la capital o al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Eso no significa que al Mayito Gordo se le hubiese concedido el amparo ni sea imposible que le sea cumplimentada una orden de detención por la FGR, que es la autoridad principal referida. Sin embargo, en la notificación sí se añade la solicitud por acciones que contemplen su posible privación de la libertad.

Mientras tanto, el regreso de Zambada Imperial sigue en vilo. Tras su arresto en Culiacán, Sinaloa, en 2014, fue extraditado cinco años después. En 2021 acordó declararse culpable de dos cargos por envío de drogas a EEUU y pagó una multa de 5 millones de dólares. Fue condenado a 108 meses, pero obtuvo el beneficio de tiempo cumplido y salió de la cárcel el pasado 21 de julio.
Si se queda como residente en Estados Unidos deberá ser supervisado por tres años, conseguirá un empleo legal y no podrá contactar a otras personas involucradas en actividades ilegales, tal como su padre, familiares, amistades o conocidos que integran el Cártel de Sinaloa. Pero si es devuelto a México, esa vigilancia será suspendida.
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