La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó a través de un comunicado en las redes sociales que un juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, impuso medidas cautelares al ex fiscal de Veracruz, Jorge Winckler.
Luego de su arresto por parte de las autoridades estatales, la FGE reveló que el ex funcionario fue imputado por los presuntos delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas.
Al ser este un objetivo primordial para la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz (Coescopaz) del gobierno del morenista Cuitláhuac García, se dictó también la medida cautelar por un año dentro del proceso penal 296-2019 para el cierre de las investigaciones.
Por otra parte, las autoridades informaron mediante su Twitter oficial que la audiencia del imputado frente a las autoridades locales continuará el día domingo 31 de julio de 2022 en punto de las 12:00 horas del día.
Detención y acusaciones contra Jorge Winckler
El ex fiscal nombrado durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, el día 25 de julio, pues había contra él una orden de aprehensión en Veracruz por los presuntos delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.
Winckler, quien fue presentado inmediatamente ante las autoridades que lo requirieron, llevaba prófugo tres años desde que fue destituido de su cargo dentro del Poder Judicial del estado al que representaba.
Fue a través de la FGE como se informó que la detención estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz.
Winckler fue acusado desde el año 2019 de presuntamente secuestrar y torturar a Francisco Zárate Aviña, ex colaborador de Luis Ángel Bravo, también fiscal del estado durante el gobierno de Javier Duarte.
Jorge Winckler negó los delitos antes de huir
Fue ese mismo año cuando el congreso local decidió removerlo como fiscal del estado, y en 2020 lo llevaron a votación, resultando como aprobada la moción con una votación de 11 votos a favor y solamente 12 en contra de la medida.
De acuerdo con las y los congresistas, Winckler no cumplía entonces con los los requisitos constitucionales de estar debidamente certificado y registrado en el sistema como Alto Mando en la procuración de justicia de Veracruz.
Sin embargo, a través de sus redes sociales el ex fiscal consideró que jamás ha cometido un delito, y tachó a la emisión de una orden de aprehensión en su contra como una persecución política por parte de las autoridades locales.
Agregó, en este sentido, que su denunciante, Luis Ángel Bravo Contreras, jamás fue objeto de dichos delitos, ni mucho menos detenido o torturado ni maltratado. Como prueba, dijo, se podrían dirigir al documento que quedó asentado ante un actuario federal.
Y señaló en la carta dirigida a la opinión pública que el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación no incorporó dichos elementos probatorios con la finalidad de “obtener un mandamiento de captura en mi contra”:
Finalmente, aseguró que como un hombre de leyes, confiaba en en las instituciones y la justicia, por lo que dijo estar convencido en que la verdad “terminará por imponerse “.
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