Ramón Lozano, juez federal, suspendió, de manera indefinida, la multa de 9 mil millones de pesos (USD 450 millones aproximadamente) que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso a la empresa Iberdrola por vender energía eléctrica a empresas no autorizadas entre los años 2019 y 2020.
Este jueves 14 de julio, Lozano Bernal, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México, publicó el acuerdo en el que se otorga la suspensión en favor de las finanzas de la empresa española.
Asimismo, se determinó que será el 1 de septiembre de este año cuando se celebre la audiencia constitucional en la que se resolverá si el amparo promovido por Iberdrola para no pagar la multa tendrá efecto o no.
Entender este resolutivo temporal atiende a una determinación de la CRE, quien tras realizar una revisión a Iberdrola, sus clientes y proveedores, determinó, a finales del mes de mayo, imponer una multa a la firma con sede en España por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Al realizar esta operación, se determinó que se realizó una afectación directa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal mexicana que tenía las facultades de proveeduría que realizó Iberdrola, generando afectaciones económicas a la empresa productiva del Estado.
De tal modo que la CRE, en una resolución publicada el 25 de mayo señaló que la española incurrió en una acción violatoria a los contratos establecidos en territorio mexicano, por lo que se ve obligada a hacer la reparación del daño.
Asimismo, informó que la afectación fue realizada en Nuevo León, donde la planta “Dulces Nombres” realizaron actos de proveeduría del servicio eléctrico a empresas situadas en el municipio de Pesquería. De acuerdo con la reguladora mexicana, Iberdrola realizó acciones de simulación de sociedad, siendo sus clientes, por lo que se debe de proceder contra la firma.
El juzgador contempló dar pie a la suspensión de la multa en razón de determinar el monto de la misma, esto porque la cifra establecida por la CRE representa el 56.4% de los ingresos de Iberdrola en 2022; sin embargo, la empresa se vio obligada a garantizar tener los fondos necesarios mientras se hace la resolución final.
Esta proceso abona al encono existente entre el Estado mexicano con los productores privados de energía eléctrica, pues desde finales de 2021 y hasta abril de 2022 estaba en la agenda política la discusión de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual pretendía que la CFE tuviera el 54% de la participación en el sector, generando una serie de discusiones, tanto al interior de las cúpulas políticas, como en las empresariales.
De tal modo que se dio pie a la realización de una veintena de foros a Parlamento Abierto para hacer del conocimiento público los pros y los contra de la Reforma Eléctrica. Después de eso, se procedió con la votación de la iniciativa con proyecto de decreto que realizaría modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos (CPEUM).
Cabe recordar que esta iniciativa no contó con los votos suficientes para ser aprobada, pues se necesitaba la mayoría calificada (dos terceras partes de los diputados) y no la mayoría simple (la mitad más uno) en San Lázaro, por lo que el voto de la oposición parlamentaria determinó que la CFE no pueda llegar a ese nivel de participación en el sector eléctrico.
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