En el penal de San Miguel, Puebla, ya no podrán disfrutar de algunos beneficios como “privados”, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, farmacias y restaurantes, esto luego de que el gobierno de la entidad en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaran la demolición de locales que fueron construidos ilegalmente al interior del penal.
Este jueves, la SSP anunció que concluyó con las labores de demolición de 104 locales, los cuales eran utilizados para diversos fines de lucro.
En dichos espacios había “privados” para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería e incluso corte de cabello, así como dos quioscos y dos gimnasios.
En algunas de las fotos publicadas en el comunicado se pueden apreciar parte de los “lujos” a los que podía acceder todo aquel que pudiera pagar por los servicios.
Para quienes permitieron su operación en administraciones pasadas, los 104 cuartos generaron ganancias estimadas en al menos 3 millones de pesos semanales.
La actual administración de la Secretaría de Seguridad Pública comenzó con la destrucción de estos espacios con maquinaria especializada; durante todo el proceso que concluyó el 13 de julio, las actividades fueron registradas por una notaría pública que dio fe de las actividades.
Esto forma parte de las actividades emprendidas por el gobierno de Miguel Barbosa Hurta para regularizar las actividades al interior de los centros penitenciarios poblanos.
Cabe recordar que el ojo público se centró en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, luego de que se hallara el cuerpo de un bebé dentro de un contenedor de basura del penal.
Posteriormente se dio a conocer que el cuerpo del pequeño, identificado como Tadeo de tres meses de edad, habría sido utilizado para ingresar droga al centro de reclusión.
De acuerdo con las investigaciones sus restos fueron sustraídos de un panteón en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Tras el caso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado nombró a María del Rayo Mendoza Farfán como la nueva directora del penal, tras la destitución y detención de Jaime Mendoza Bon.
Esto marcó la punta del iceberg de diversas irregularidades dentro del penal.
Considerado como uno de los penales más conflictivos del estado de Puebla, el Cereso de San Miguel tiene capacidad para albergar un máximo de 2 mil 100 internos, aunque actualmente la población es de 3 mil 693, lo cual se traduce en una sobrepoblación de más del 43% (además, se estima que el 62% de los internos aún no tiene sentencia dictada).
En 2020, alrededor de 3 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla —apoyados por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano— realizaron un operativo dentro del Cereso de San Miguel; tras revisar las celdas, encontraron diversas drogas así como básculas “grameras”.
También hallaron teléfonos celulares, armas punzocortantes “hechizas”, 228 navajas, y utensilios diversos para consumir droga, 96 charrascas, 106 pantallas de televisión, más de 100 mil pesos, así como sellos con los que algunos de ellos fabricaban facturas falsas de automóviles, según una investigación del periodista Héctor de Mauleón.
Además, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, en San Miguel fue detectada la presencia de actividades ilícitas y cobros. También se determinó que el personal de seguridad y custodia era insuficiente.
De igual forma se detectaron focos de alarma en las condiciones de gobernabilidad y aspectos que garantizaban la seguridad personal de los internos.
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