El abogado de las víctimas del desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Teófilo Benítez Grados, dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) decidió no llamar a declarar a la exdirectora del sistema de transporte público, Florencia Serranía.
Con base en los hechos que detalló el litigante, el Ministerio Público que lleva el caso consideró que, en caso de avanzar con la petición para que la exfuncionaria dé cuenta de los detalles de la tragedia del 3 de mayo del 2021, se podrían violar sus derechos humanos debido a que “no existe una línea sólida de investigación” que la conecte con el desplome.
“Se realizan citaciones y gira oficios sin contar con líneas de investigación para determinar el objeto de ésta, ello implica una actuación deficiente en detrimento de los derechos de Florencia Serranía y su posible defensa, además sería violatoria de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Federal”, explicó el despacho.
Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una postura oficial sobre este cambio en el curso de la investigación.
Sin embargo, de acuerdo a Aristegui Noticias, Benítez Grados sostuvo que estuvo fuera de contexto la declaración sobre los derechos humanos, puesto que explicó que el Ministerio Público está obligado a agotar todas las líneas de investigación, así como a realizar las entrevistas que sean necesarias para que se esclarezca el suceso que cimbró a la capital del país.
Destacó que el juez que lleva el caso resolvió que la extitular del metro indicó que el Ministerio Público debe acudir a comparecer, también se pidió a las víctimas que justifiquen por qué resultarían útiles para la investigación las declaraciones sobre el hecho que ocasionó la muerte de 26 personas y dejó cerca de 100 lesionadas.
“No puedo creer que el Ministerior Público nos esté pidiendo justificar el porqué pedimos la comparecencia de Florencia Serranía, ya que dice que estamos actuando en detrimiento a sus derechos humanos de Serranía, entonces yo le pregunto a la Ministerio Público: ¿Las víctimas no tienen derechos humanos?”, expresó el litigante a diferentes medios de comunicación.
Finalmente, el experto puntualizó que no se violaría ningún derecho humano al solicitar la comparecencia, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como el andamiaje jurídico de la Ciudad de México, contemplan el derecho de pedir al representante social presentarse como prueba en los actos de investigación.
Tan solo el pasado 3 de julio, las víctimas dieron a conocer que un juez les concendió un amparo para que Serranía rindiera su declaración ante el MP, con el objetivo de que decante toda la información que conoce sobre las operaciones y el mantenimiento de la línea, así como acerca del desplome de un tramo de la misma, entre las estaciones Olivos y Tezonco.
Derivado de una serie de recursos legales emprendidos por los civiles fue que el Juez de Control de la Segunda Sala de la Unidad de Gestión Judicial 7 de la Ciudad de México emitió la instrucción para que el Ministerio Público girara citatorios dirigidos a ciertos funcionarios o ex funcionarios del gobierno local involucrados en algún ámbito de la operación del STC Metro.
Entre quienes destacan están: Serranía Soto, así como Joel Ortega Cuevas, Jorque Gaviño, Óscar Díaz González Palomas y el actual secretario de obras, Jesús Antonio Esteva.
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