Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que la consulta ciudadana sobre el Tramo 5 del Tren Maya, programada para este martes 7 de junio, no se realice en el Ejido Jacinto Pat, en Tulum, Quintana Roo, por no ser un lugar seguro ni neutral.
Los activistas señalaron que la consulta está contemplada para que participe menos del 5% de la población, además de que se circunscribe a solo 20 ponencias, por lo que consideraron que no reúne los requisitos mínimos para poder llamarse “consulta pública”.
Asimismo, indicaron que no es válida en tanto que no reúne las condiciones básicas para su realización, pues aseguraron que pone en riesgo el derecho a los ciudadanos de participar, por lo que solicitaron cambiar la fecha y el lugar de la reunión.
La carta está firmada por las organizaciones SOS Cenotes, Sélvame del Tren, La Selva Salva y Selva Maya SOS, las cuales hicieron hincapié en que las demandas van dirigidas a la Semarnat, a Grupo México, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y no a los ejidatarios de Jacinto Pat.
Dicho acuerdo es el primer tratado ambiental implementado en América Latina y el Caribe, el cual entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021. Asimismo, fue adoptado por 24 países y su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas al acceso a la información y a la participación en temas ambientales.
Por otra parte, en el documento firmado por las ONGs se exige que se respete la suspensión definitiva del Tramo 5 Sur, otorgado a un grupo de buzos quienes interpusieron un amparo para frenar las obras de construcción y defender el ecosistema de la Selva Maya.
De igual manera, aseguraron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de dicho tramo no cumple con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, toda vez que se presentó después de que se inició la deforestación de miles de árboles.
Cabe recordar que la MIA fue presentada el pasado 20 de mayo; sin embargo, las obras comenzaron sin contar con las autorizaciones previas de ley, “tanto en materia de impacto ambiental como lo relativo al cambio de terrenos de uso forestal”, indicaron.
Además del daño ecológico, manifestaron que el megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador también pone en riesgo la preservación de restos fósiles, que son considerados de suma importancia para la paleontología, así como los vestigios arqueológicos en los cenotes y cuevas sumergidas de la Riviera Maya, lo cual va en contra de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Al respecto, el mandatario federal ha señalado anteriormente que los amparos presentados son por parte de “falsos ambientalistas”, empresarios y empresas inmobiliarias y no por los ejidatarios, pues aseguró que estos últimos avalan la construcción del proyecto. “Estos amparos no son de ejidatarios ni de pequeños propietarios”, aseveró, por lo que insistió en que se va a continuar con el Tren Maya.
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