La Fiscalía de Chihuahua obtuvo sentencia condenatoria de 16 años y seis meses tras las rejas en contra de cinco expolicías municipales por el delito de desaparición forzada cometido en el municipio de Allende.
De acuerdo con la dependencia ministerial, los cuatros hombres y la mujer, así como dos de sus compañeros más, irrumpieron de manera violenta en un domicilio de Valle de Allende y subieron a su víctima a una patrulla hace cinco años sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
La pena fue impuesta contra los oficiales Jesús Antonio C. C.; Luis Alberto M. A.; Jesús Manuel M. G.; Liliana de L. R.; y Alfonso de L. R.; quienes también deberán pagar una sanción económica de 30 mil 733 pesos por concepto de daño material.
No se les podrá otorgar ningún beneficio para sustituir su condena y tendrán que cumplirla la totalidad del periodo establecido. De ahí que se prevé su salida de prisión después de cinco lustros, alrededor del año 2038.
El caso fue procesado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos y luego de se comprobó la culpabilidad por desaparecer al hombre que residía en la demarcación al sur del estado.
Según las investigaciones, el hombre fue sacado esposado y obligado a subir un vehículo oficial de la corporación. Cuando ya estaba bajo custodia policial, no se supo más de la víctima, quien sigue sin ser localizado.
Para concretar la responsabilidad de los cinco exagentes se presentaron a declarar al menos 71 testigos, análisis tácticos, de contexto, así como dictámenes periciales, con lo cual se comprobó el cargo. El juicio comenzó el 9 de febrero de este año.
Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua informó que aún queda por procesar a dos servidores públicos más. Uno de ellos se mantiene prófugo de la justicia y otro se ha sustraído de la justicia mediante un juicio de amparo.
La desaparición forzada ha sido clasificada como un delito particular de violación a los derechos humanos por ser múltiple y compleja, de acuerdo con la fiscalía estatal. Los policías condenados utilizaron recursos públicos para transgredir a su víctima.
Así como hay oficiales acusados por delitos, también están aquellos asesinados o heridos por posibles labores relacionadas con el combate al crimen organizado. Chihuahua, el estado grande, es zona de disputa en sus fronteras y sierras por pandillas, pero esencialmente, por células del Cártel de Sinaloa, así como el llamado Nuevo Cártel de Juárez y/o la Línea.
Apenas este 9 de mayo, por ejemplo, presuntos sicarios atacaron a balazos a elementos de diversas corporaciones que participaban en un operativo en la ciudad de Cuauhtémoc. En la agresión armada un policía estatal resultó herido por proyectil que le alcanzó el brazo izquierdo y las esquirlas le impactaron en el rostro.
El ataque ocurrió en las calles Independencia y Agustín Melgar por parte de varios sujetos que tripulaban un vehículo Nissan, línea Armada, color negro. Al tener a la vista a los civiles con fusiles les fue marcado el alto, pero abrieron fuego.
Durante el operativo de búsqueda se localizó abandonado el automóvil en que viajaban en el periférico Gómez Morín. Adentro de la unidad había un chaleco balístico, un cargador para arma calibre .223, varios casquillos percutidos del mismo calibre, y una bolsa que contenía marihuana.
Después, fue hallado un Mercedes Benz, tipo Sprinter, con placas del Estado de México que también estaría vinculado al ataque, pues presentaba impactos. Más tarde en la colonia Anáhuac, a las afueras de una clínica, estaba un Nissan Sentra 2005 que utilizaron para escapar.
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