Quedó en firme la sanción contra José Israel Torres Gutiérrez que consiste en la inhabilitación por 10 años para desempeñarse en el servicio público además de la obligación de pagar una multa de 370 millones de pesos por las irregularidades en las que incurrió en la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Luego de una revisión de la lista de funcionarios sancionados por su relación con la operación denominada “estafa maestra” se confirmó que la sanción impuesta a Torres Gutiérrez se mantiene pese a los recursos de impugnación que este presentó ante diversas instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que quedó en firme la sanción económica por más de 370 millones de pesos que el Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia -que ahora se llama Secretaría de Bienestar– impuso a este ex servidor público.
En septiembre de 2018, el OIC en la entonces Sedesol determinó sancionar a Torres Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección General de Desarrollo Comunitario, por irregularidades en la documentación de la prestación de servicios para la realización de campañas en radio y televisión de Hidalgo, además de autorizar que el pago fuera erogado con cargo a una partida no aplicable para los servicios contratados.
El exfuncionario del gobierno federal impugnó la sanción en 2019, sin embargo, en enero de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió reconocer la validez de la resolución.
Ante ello, Torres Gutiérrez interpuso un juicio de amparo que le fue negado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y posteriormente interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual finalmente resolvió desecharlo por improcedente, debido a que no se trataba de materia propiamente constitucional.
Las sanciones contra José Israel Torres Gutiérrez se establecieron conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos, tras haber infringido la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Estafa Maestra habría sido para pagar deudas de EPN
El dinero desviado a través de La Estafa Maestra se habría utilizado para pagar las deudas y compromisos adquiridos durante la campaña presidencial de 2012 de Enrique Peña Nieto, así lo habría revelado el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa.
Gracias a esta declaración, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la gestión de Rosario Robles, por el desvío de 185.8 millones de pesos.
Según la FGR, el desvío ocurrió al simular la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.
Estas revelaciones forman parte de la declaración que hizo Zebadúa ante la FGR, el 19 de octubre de 2020, en donde acusó el desvío de más de 1,200 millones de pesos e imputó a Rosario Robles y a otros altos funcionarios de la administración anterior, entre ellos al ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.
l exfuncionario federal -quien solicitó convertirse en testigo protegido- aseveró que desde 2012 y por instrucciones de Rosario Robles, se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de 1,267 millones de pesos.
Siempre de acuerdo con las declaraciones de Zebadúa González, estos recursos fueron asignados a través de la “Cruzada contra el Hambre” con la finalidad de pagar deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto.
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