La bancada parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso un punto de acuerdo en el que la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco) y la Secretaría de Economía (SE) establezcan medidas precautorias para que no se realicen prácticas abusivas en la comercialización de las pruebas COVID-19 en México.
Esto para que los consumidores finales, las y los ciudadanos, no tengan que pagar precios excesivos o acudir a puntos de distribución específicos para poder adquirir las pruebas que confirmen la infección del nuevo coronavirus durante la cuarta ola de contagios.
En la exposición de motivos, la bancada naranja recordó que el SARS-CoV-2, de acuerdo con el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, ha dejado “más de 307 millones de casos positivos confirmados y más de 5 millones 400 mil lamentables decesos”. También recordó que, en México, los decesos rebasan los 300 mil y los contagios superaron los 4 millones, por lo que adoptar las medidas precautorias necesarias es crucial para poder enfrentar al virus.
Asimismo, atrajo que, como parte de la respuesta sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos nacionales deben de intensificar los programas de detección. Por lo que las pruebas de detección de COVID-19 se volvieron fundamentales para el combate a la enfermedad, ya que un diagnóstico específico y temprano puede detener una posible cadena de contagios.
Con la presentación de este contexto, MC señaló la insuficiencia del Estado por proveer a la población la cantidad necesaria de pruebas. Para argumentar esto, ejemplificó con lo ocurrido en la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la Ciudad de México, la cual sólo entrega 70 fichas de pruebas COVID-19 al día.
También recordó el exhorto del Director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, en el que se refiere que si algún ciudadano presenta los síntomas iniciales de SARS-CoV-2, éste se debe de quedar aislado por lo menos siete días.
Bajo esta óptica, el partido dirigido por Dante Delgado propuso dos acuerdos, en los que el gobierno federal articule una medida para que los proveedores privados de las pruebas COVID-19 no enajenen dichos insumos y que no los vendan a precios excesivos.
Primero exhortó a la Profeco a verificar que no se realicen prácticas comerciales abusivas dentro de la comercialización de las pruebas y, en segundo término, se solicitó a la Secretaría de Economía (SE) establecer un precio máximo para las mismas.
“La Ley Federal de Competencia Económica en su artículo 8 señala que la Secretaría de Economía posee la facultad de fijar los precios de los bienes cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado que se trate”, reiteró el partido, por lo que la Profeco debe de intervenir en los ejercicios excesivos para los consumidores en esta materia.
Por su cuenta, el COVID-19 continúa con su paso en México. De acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Salud (SSa) en su informe del miércoles 19 de enero, hasta ese momento se han confirmado 4 millones 495 mil 310 casos acumulados, mientras que los decesos llegaron a 302 mil 112. Asimismo, la pandemia activa se estima en 325 mil 234 casos, lo cual indica una amplia incidencia infecciosa.
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