El cuerpo del bebé encontrado al interior del Cereso de Puebla podría haber provenido de un anfiteatro en la Ciudad de México, pues no se cuenta con denuncias de desaparición o secuestro de menores de edad con las características que presenta el infante encontrado sin vida el pasado 10 de enero.
Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, al no encontrar registros que demuestren el origen del bebé, o su cuerpo sin vida, en el estado de Puebla, la investigación se extendió a la Ciudad de México, entidad en la cual se revisarán los datos de los servicios forenses.
“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, tras el hallazgo del cuerpo de una persona menor de edad en el estado de Puebla, inició una investigación para determinar si el cadáver del bebé fue sustraído de algún anfiteatro de la Ciudad de México, ya que al momento no se cuenta con denuncia alguna sobre un hecho similar”, informó la dependencia en una tarjeta informativa.
Saskia Nieto de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, exigió a las autoridades esclarecer la presunta sustracción del cuerpo del infante en la capital del país, pues la información de este suceso habría trascendido este lunes 20 de enero, así lo expresó mediante sus redes sociales:
“Ya sabemos que se robaron al bebé encontrado en el penal de Puebla de la CDMX. Es importante que Ernestina Godoy informe cómo se pudieron haber robado un bebé de un hospital o morgue para que acabara en un basurero de Puebla”, escribió la activista en su cuenta de Twitter.
A la petición de Nieto de Rivera se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que emitió una petición formal a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para colaborar con las autoridades de los estados cercanos y así dar con los responsables del tráfico del cuerpo sin vida de un menor.
Los activistas que siguen el caso han encontrado diversas irregularidades en el caso, pues de acuerdo a información del gobierno estatal de Puebla, estaban prohibidas las visitas de menores al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, lo cual se estipuló desde el inicio de la contingencia sanitaria por el virus de Covid-19, a mediados del año 2020.
Además, el protocolo de ingreso de infantes al penal marca como obligatoria la entrega de una copia del acta de nacimiento del menor a las autoridades del reclusorio, así como la firma de una responsiva que es necesaria para que se permita su visita; documentos que no fueron obtenidos por las autoridades del centro penitenciario.
Debido a esto, se ha sospechado de una presunta colaboración de autoridades del Cereso en el caso, pues las interrogantes que se hacen alrededor del tema, apuntan a una presunta responsabilidad de actores externos e internos al penal.
Hasta el momento, las organizaciones de derechos humanos que reclaman a las autoridades poblanas han exigido que se presenten los registros de ingreso y egreso al penal, las causas de su admisión a pesar de la actual situación sanitaria y detalles sobre el cuerpo sin vida del menor.
El bebé fue encontrado sin vida en un basurero del penal el pasado 10 de enero y presentaba una herida en el abdomen, presuntamente provocada por una cirugía, pero también se sospecha que pueda haber sido realizada para introducir droga al interior de su cuerpo y utilizarlo como mula para trasladar las sustancias el interior del penal.
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