Autoridades de Morelos ya apuntan sobre sospechosos de las narcomantas en que se vincula al gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntos nexos con el Comando Tlahuica, identificado como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.
De ahí que que el ejecutivo estatal presentará una denuncia la próxima semana ante la Fiscalía General de la República para que todos los funcionarios de cualquier nivel en Morelos sean investigados por denuncias de nexos con el crimen organizado y el resto de delitos que enfrentan en las instancias locales se atraigan a nivel federal.
José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, añadió que se tienen indicios sobre quienes pudieron colocar los narcomensajes en que se implica al exfutbolista. Y aunque sospecha quien ordenó distribuirlas, se reservó el nombre por falta de evidencias.
“Algunas mantas estamos casi seguros de quien fue, o quienes fueron, sin embargo no me atrevo a dar un nombre porque no tengo las pruebas suficientes y sería una irresponsabilidad de mi parte acusar a alguien si no tengo los fundamentos”, reconoció en conferencia.
El almirante en situación de retiro se quejó de que la Fiscalía de Morelos no ha proporcionado avances sobre las indagatorias de las lonas que son entregadas a instancias ministeriales. Además, sugirió que las personas que las han puesto conocen de la distribución de cámaras de videovigilancia, con lo cual pueden retirarse sin mayores problemas y sin que queden registrados.
“Las mantas son una cobardía, nadie las firma, además se entregan a la fiscalía, quien tiene la obligación de verificar si hay huellas y hasta el momento no nos ha informado nada”, aseveró Ortiz Guarneros.
Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, comentó que los sospechosos son actores políticos del pasado que hicieron pactos con la delincuencia organizada. Y como Cuauhtémoc Blanco se ha negado a esas relaciones, ahora se desató una llamada guerra sucia en su contra.
También acusó que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez y el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, están supeditados a Graco Ramírez, ex gobernador del estado que los propuso en su momento y siguen en funciones con Cuauhtémoc Blanco.
“Son todo, menos autónomos, dependen totalmente de los intereses de quien los nombró a modo, esos son fiscales carnales, de quien los propuso”, afirmó.
El comisioando como el secretario de gobierno insistieron que propondrán nuevamente una solicitud ante el Congreso de Morelos para que sean reformadas las leyes y se incluya un castigo a quienes coloquen narcomantas en la entidad. Ojeda Cárdenas agregó que se usan como factor de distracción para no ir contra quienes serían responsables de algún delito.
“Es obvio que tal parece que no nos permiten llegar a la verdad, no hemos podido asegurar a nadie, no tenemos tantas cámaras, ellos saben perfectamente dónde están las cámaras, dónde no hay, porque a veces tenemos imagen pero está a casi mil metros de distancia”, justificó el almirante ante varias lonas con narcomensajes y sin ninguna persona detenida.
Quienes ponen esas lonas son encapuchados o al menos llevan cubrebocas, como todos por la pandemia de COVID-19 en espacios públicos. Eso impide que se verifique la identidad de aquellos que ordenan la distribución de los textos.
“En ningún momento, a mi me ha dado alguna instrucción de proteger algún delincuente, nunca”, garantizó José Antonio Ortiz Guarneros.
Tan pronto como circularon las fotos que lo asociaron al crimen, Cuauhtémoc Blanco negó cualquier conocimiento de los criminales y dijo que se retrata con quienes se lo pidan, sin que ello signifique que sepa de quienes se trata. El secretario de gobierno dijo que el ataque reciente se debe a los golpes contra la delincuencia.
Pero luego de eso aparecieron tres narcomantas, una de ellas lo justificó al señalar al senador del PRI Ángel García Yáñez, y el resto siguió acusándolo. Una de las lonas atribuyó como represalia el asesinato del alcalde de Xoxocotla el pasado 11 de enero, mientras que la otra reviró el pacto, apoyo e, incluso, ejecución del activista Samir Flores, quien se oponía al gobierno federal aliado de Cuauhtémoc Blanco por la construcción de la termoeléctrica en Huexca.
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