Con gusto, recibimos la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo aprobado por el INE. En él se determinaba posponer temporalmente las actividades de organización de la revocación de mandato debido a “falta de presupuesto”. La SCJN determinó que el INE debe ajustarse al presupuesto, el cual es de 1,503 millones de pesos, para llevar a cabo la consulta. Asimismo, señaló que la ejecución del acuerdo del INE pondría “en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
En México, cuando surge la pregunta de si se debe fortalecer la democracia participativa y consultar a la gente acerca de las decisiones que le afectan en el día a día, la derecha mexicana se ha negado sistemáticamente a tomar medidas reales.
¿Por qué tienen tanto miedo de poner a prueba a la opinión pública? La razón más obvia es que teme que se repita el patrón de votación de 2018 y la 4T arrase, una vez más, con el poco capital político que les queda.
Los políticos del PRIAN pueden tener serios problemas en su legitimidad e imagen ante los mexicanos, pero al menos parecen creer y respetar los principios básicos del gobierno y la participación pública. En momentos de dificultad, tal vez, se les puede perdonar por no apoyar la democracia. Sin embargo, nada puede ser perdonado a los políticos elegidos democráticamente que no hacen ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por la democracia.
Como sea, la revocación de mandato es hoy una realidad en México y no es una concesión generosa realizada por los representantes, sino un acto obligatorio y propicio en democracia.
La revocación permitirá entonces atenuar un problema ya señalado por Rousseau en las democracias representativas: que los representantes, una vez elegidos, no pueden seguir siendo controlados por los votantes. La revocatoria intenta subsanar esta dificultad al permitir a un cierto número de electores descontentos con su representante reclamar elecciones especiales (esto es, un referéndum revocatorio) en las que puedan destituirlo.
Su principal función es habilitar una participación ciudadana “negativa” o de control, más que de expresión o gestión “positiva” de proyectos e iniciativas ciudadanas, ya que supone eliminar el contrato de representación erigido por el voto antes de que expire el período preestablecido. Es por tanto un instrumento para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas; la facultad de obligarlos a justificar y a informar sobre sus decisiones y la disponibilidad para que eventualmente puedan ser castigados por ellas.
No tengamos miedo a la democracia y sus resultados, pues la consulta para la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador es también una oportunidad para que la oposición se reagrupe y hagan que deje el cargo mediante el voto popular, pero como dice el propio presidente, “… el pueblo va a decidir si me quedo o me voy. A ver qué dice el pueblo de México. Son ejercicios de gran trascendencia. Aun con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional, ya hay precedente y lo repito: viene la revocación de mandato en marzo, va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir”.
Oponerse a la Revocación de Mandato como lo pensaba hacer el INE bajo el argumento de no contar con la suficiencia presupuestaria, violaba el mandato de la Constitución y actuar de manera anticonstitucional en la Cuarta Transformación ya no se tolera en ninguna institución pública de nuestro país.
Es un buen regalo para todas y todos los mexicanos saber que la Constitución en nuestro país se respeta. Agradezco a todas y todos ustedes mis amables lectores el tiempo que han compartido conmigo durante este año. Mis mejores deseos y un fuerte abrazo con motivo de la Navidad.
*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena
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