El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que promueve a los proyectos y obras del gobierno como de interés público y seguridad nacional ha causado una gran polémica en la clase política, provocando que las y los senadores de oposición se manifiesten contra esta disposición.
Sin embargo, este martes 7 de diciembre, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, reveló que el llamado a promover una controversia constitucional contra el llamado “decretazo”, no es competencia de la Cámara de Senadores.
A través de redes sociales, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó que “conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado de la República carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”.
Derivado de la interpretación técnica, Sánchez Cordero Dávila estimó que la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues “es inexistente el principio de agravio respecto del Senado”; sin embargo, no quita la posibilidad de que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.
“Otros Organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”, expuso como alternativa para la parte quejosa sobre la promoción del decretazo.
Con lo relacionado a la promoción de un Estado democrático, la también ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) expresó que el Senado de la República no se cierra al diálogo y, en cambio, promueve la unidad.
Cabe recordar que el pasado 25 de noviembre, 53 legisladores, adscritos a los grupos parlamentarios de oposición, llevaron ante Olga Sánchez Cordero un oficio que solicitaba promover una controversia constitucional contra el llamado “decretazo” de AMLO.
Esto porque los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural (GP) aseguran que el decreto publicado el 22 violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Al respecto, la presidenta del Senado decidió recibir y tomar conocimiento de la solicitud de la oposición, pero antes de proceder, consultará la Dirección General Jurídica de la Cámara de Senadores, esto por no tener un panorama claro respecto a la actuación que debería de tener con respecto a su cargo.
“Quiero ser muy transparente con ustedes, quisiera tener una opinión jurídica de nuestra Dirección General Jurídica por lo siguiente: tengo serias dudas y quisiera que se me dieran los argumentos sobre el interés y la legitimación de este Senado para promover la controversia constitucional”, reconoció ante el Pleno.
De tal modo que ahora ya se tiene conocimiento de interpretación adecuada, la oposición tiene que actuar en consecuencia y acatar el resultado; sin embargo, aún tienen alternativas para que se revise el “decretazo”.
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