La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comenzó a implementar en 2010 el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos con el objetivo de monitorear y advertir las situaciones de riesgo que podría tener la población civil con autoridades federales. Según el último reporte, la Guardia Nacional (GN), el organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pacificar al país, se ha convertido en el cuerpo de seguridad más denunciado por presuntas violaciones a los derechos humanos.
En el período de enero a septiembre de 2021 la Guardia Nacional ha acumulado 388 quejas de violaciones a derechos humanos, posicionándose por encima de la Secretaría de la Defensa Nacional (344), la Fiscalía General de la República (214). Las entidades que registraron más quejas por abusos de efectivos de la GN fueron Ciudad de México (32), Chihuahua (31), Chiapas (27), Estado de México (25) Veracruz (24) y Oaxaca (22).
Con las cifras actuales, la GN ya rebasó el total de denuncias por violaciones a derechos humanos que recibió ante la CNDH durante todo el 2020, que fueron 350, y muchas más que en 2019, año en que la corporación fue creada, cuando hubo 32 expedientes de reclamo. Es de llamar la atención que la Secretaría de Marina (Semar), también integrante de las fuerzas armadas nacionales, no aparece entre las primeras 10 dependencias del gobierno federal con más quejas ante la CNDH.
En su columna de este martes, el periodista Héctor de Mauleón citó varios ejemplos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional en distintas partes del país. Una de ellas ocurrió el pasado mes de abril, cuando un tramitador aduanal de Nuevo Laredo, identificado como Jorge Alberto Rivera Cardoza, fue acribillado por efectivos de la GN. Supuestamente le habían ordenado previamente que se detuviera, pero no obedeció. Murió de un impacto en la cabeza.
Testigos que presenciaron los hechos refirieron que los agentes involucrados en el asesinato de Rivera Cardoza sembraron droga en su camioneta y equipos de radiodifusión para alterar la escena del crimen y elaborar una versión que los exculpara. En el mismo hecho perdió la vida otra mujer, Martha Leticia Salinas Arriaga, una vendedora de elotes que se hallaba cerca. Los familiares de ambos recibieron una oferta por parte del cuerpo militar: si firmaban un convenio por el que renunciaban a que la Fiscalía General de la República (FGR) siguiera adelante con la investigación, recibirían una compensación de un millón de pesos.
Una situación similar le ocurrió al agricultor Jaime Torres y su esposa, Jessica Silva, a quienes meses atrás la Guardia Nacional acribilló en un camino de Delicias, Chihuahua. Los esposos habían participado en una violenta protesta, en defensa de su derecho al agua, en la presa “La Boquilla”. Los guardias nacionales alegaron que solo “habían repelido” una agresión efectuada por civiles armados. En las fotografías del suceso, sin embargo, no aparecieron armas, solo los cuerpos de los esposos (él resultó gravemente herido y ella murió). Días más tarde seis efectivos fueron detenidos.
El 31 de octubre pasado, en Pijijiapan, Chiapas, agentes de la Guardia Nacional abrieron fuego en contra de una camioneta en la que viajaban 13 personas procedentes de Cuba, Ghana y Brasil. Los elementos federales alegaron más tarde que la camioneta había tratado de arrollarlos. Cuatro migrantes fueron heridos por los tiros y uno más, de origen cubano, quedó muerto sobre la batea.
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