Por decisión unánime, tres magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito concluyeron que el juez de control que ordenó mantener a Rosario Robles en prisión, exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto y vinculada al entramado de corrupción de la Estafa Maestra, violó la Constitución e ignoró las pruebas que su defensa había presentado al tomar tal decisión.
El Tribunal dio tal resolución al decidir amparar a la funcionaria de manera definitiva, argumentando de igual manera que el mismo juez había reconocido, previo a la sentencia que tiene desde hace dos años a Robles en prisión preventiva, que estaban desvirtuadas varias de las pruebas que la propia Fiscalía General de la República (FGR) aportó para solicitar su detención.
El portal mexicano Animal Político señala haber accedido a un documento de 123 páginas del amparo concedido por el Tribunal, mismo que fue notificado el pasado 15 de octubre, orden por la cual se ordena una nueva audiencia para Robles, misma que tendrá lugar este miércoles 20 de octubre. Se trata de una ocasión clave puesto que ahí se definirá si la exsecretaria de gabinete seguirá en prisión o sale de ahí para continuar su proceso con alguna otra medida cautelar.
En agosto de 2019, Rosario Robles acudió voluntariamente a una audiencia en la que se le acusaba de haber caído en omisiones que hicieron posible el desvío de más de 5 mil millones de pesos en Sedesol y Sedatu. En ese momento, se consideró abrirle un proceso por el cual la FGR determinó dejarla presa de manera preventiva y para convencer al juez en turno, se dijo que tenía más domicilios de los que reportaba, una identificación para conducir apócrifa y que sus ingresos superaban a los que había dado a conocer. Entonces se procedió a encerrarla.
En abril de 2020, la defensa de Robles logró echar para atrás cada uno de esos argumentos. Por ley el juez debió revisar la decisión de la última audiencia, pero no lo hizo y, sin tomar en cuenta los nuevos argumentos, extendió la prisión preventiva de Robles. Los magistrados que le otorgaron el amparo a la exfuncionaria argumentan precisamente que en lo relacionado a la Estafa Maestra, la resolución del juez establecida en la segunda audiencia, viola abiertamente el artículo 16 de la Constitución, ya que decidió ni siquiera revisar si era posible modificarle la prisión preventiva, elemento considerado como última opción antes de agotar todos los recursos.
Cabe recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, último presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la acusada fue la titular tanto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Ahora, la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero tiene una carpeta de investigación contra la ex funcionaria pública por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y omisión, relacionados al caso conocido como la Estafa Maestra.
La Estafa Maestra fue el título de una publicación realizada por Animal Político y basada en datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual revela un entramado complejo establecido entre Petróleos Mexicanos (Pemex), universidades estatales y empresas fantasmas en el que se presume una afectación millonaria a la petrolera nacional.
De acuerdo con lo revelado en la investigación periodística, gracias a la triangulación de recursos, la empresa generadora del Estado sufrió un agravio de 5,500 millones de pesos, por lo que la FGR investiga a los posibles culpables de dicho desfalco.
Conforme a lo señalado por la ASF, cuando Rosario Robles estaba a cargo de la Sedesol, dicha dependencia desvió 1,787 millones de pesos en 2015 a través de una red de “simulación de servicios” con la complicidad de varias universidades.
Desde que fue puesta tras las rejas, Rosario Robles ha apelado a su inocencia y su derecho al debido proceso para enfrentar las acusaciones que se le imputan; sin embargo, en vez de poder garantizar ese derecho, la ex funcionara fue sesada por la Secretaría de la Función Pública (ASF), perteneciente al poder legislativo federal, para que no pueda ejercer cargos públicos por 10 años.
Si este miércoles el juez decide revocarle la prisión preventiva, aunque la parte contraria puede impugnar, eso no le quitaría la libertad a Robles. Aunque cabe señalar que la propia FGR tiene una orden de aprehensión vigente en contra de ella, esa es por delincuencia organizada y lavado de dinero, y al ser un proceso distinto podría ser ejecutada en cualquier momento.
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