En el marco de la cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales y el Día Mundial de Hábitat se organizó el panel de expertos “El reto de la vivienda en la nueva normalidad”, donde voces especializadas alertaron sobre los retos de diferentes urbes a lo largo del país para garantizar el derecho humano a la vivienda.
Mariana Sánchez Vieyra, secretaria técnica de Proyectos del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el 19% de las viviendas disponibles en el país están desocupadas, esto se traduce en más de ocho millones 669 mil hogares vacíos, según el Censo del 2020.
La vivienda digna está reconocida como un derecho por la Constitución Mexicana. Según Mariana Sánchez, la carencia de un lugar donde vivir está relacionada con una disminución en la esperanza de vida de las personas. Ella expuso que las infancias en situación de calle llegan a vivir hasta 25 años de vida aproximadamente, estos son 50 años menos que el promedio del resto de la población.
La falta de un lugar para vivir se vuelve más grave en las grandes urbes de México. Según discutieron en el panel, numerosas familias e individuos no tienen acceso a un inmueble apropiado o comparten el techo con otras personas; al mismo tiempo, hay una cantidad importante deshabitados.
Pese a ello, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 el lema de las autoridades de salud en México fue “Quédate en Casa”. En la Ciudad de México, por ejemplo, hace un año la comunidad otomí que habita la urbe tomó las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
A partir del sismo del 2017 varias de las familias que vivían en edificios dañados por el sismo de 1985 quedaron en situación de calle. La situación se agravó con la llegada de la COVID-19 y los desalojos por parte de las fuerzas policiales de la ciudad. Sin los servicios necesarios para garantizar las condiciones mínimas de sanidad, la comunidad otomí decidió apoderarse de la antiguo edificio que alojaba al INPI, ahora Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.
Marina Contreras Saldaña, del Posgrado en Urbanismo de la UNAM abundó sobre el panorama de Ciudad Juárez, que ha sido fuertemente marcado por la crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Ella describe que a partir del año 2000, en la urbe fronteriza se vivió una importante aplicación de la política habitacional de interés social. En una década se construyeron 150 mil viviendas para trabajadores que llegaron como consecuencia de la migración. Del 2010 al 2021, además, se construyó el 30% de lo que es actualmente el parque habitacional de la ciudad.
Las consecuencias de esta política habitacional de interés social también se vió reflejada en el Censo 2020 citado anteriormente. Según las cifras del gobierno, 7 de cada 10 viviendas en Ciudad Juárez son propias. Sin embargo, la mitad de ellas aún se están pagando.
Para Eftychia Bournazou Marcou, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la clave para solucionar la crisis de vivienda que se vive en la Zona Metropolitana del Valle de México está en la descentralización de las actividades económicas, los servicios y las fuentes de empleo. “Esto, mucho más allá de lo que nos hizo recordar la pandemia, es uno de los retos fundamentales para mejorar la vida de las personas que viven alejadas de dichos bienes”, son las palabras de la académica.
María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, recalcó una cifra desoladora: “en México 76.2 por ciento de la población ocupada no podía acceder a la compra de una casa a través del mercado, tampoco por crédito ni por subsidio”.
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