Las autoridades mexicanas han desplegado una estrategia de búsqueda en ocho municipios de Guerrero para dar con indicios que lleven al paradero de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, pues los atacantes habrían actuado en diversos puntos de la región.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que la Comisión y la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República (FGR) han realizado 53 acciones de búsqueda donde detectaron diferentes zonas para el hallazgo de restos.
“No solo es Cocula o no es Iguala, es toda una región donde hubo una operación, que la información que nosotros estamos integrando nos demuestra que operaron en distintos sitios”, explicó el funcionario en conferencia desde la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero donde supuestamente ocurrió la incineración de los jóvenes.
Sin embargo, Encinas advirtió que esa nueva versión no es concluyente y forma parte de las indagatorias abiertas para localizar a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Aunque también aseguró que seguirán las búsquedas en distintos municipios guerrerenses, incluidos dos puntos más que han sido identificados.
Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa, agregó que la Barranca de la Carnicería representa una esperanza en las investigaciones, debido a que las averiguaciones de la administración de Enrique Peña Nieto resultaron una suma de irregularidades que obstruyeron el acceso a la justicia a los familiares.
En ese punto procesado, cuya área abarca ocho mil metros cuadrados, se localizaron alrededor de 200 fragmentos óseos que no presentaban daños por el fuego y los cuales permitieron identificar a los normalistas Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Pues la veintena de testigos colaboradores coincidieron en que habría hallazgos positivos a 800 metros del basurero de Cocula, lo cual fue verificado por las autoridades.
Gómez Trejo añadió que los restos se depositaron en varias costalillas y, a su vez, esas partes fueron dispersas en distintos tramos.
“Estamos hablando de uno o varios espacios en donde pudieron haberse realizado los incendios, las quemas controladas, que estos se llaman incineradoras”, reveló.
El fiscal del caso Ayotzinapa remarcó que saber de diversos puntos de hallazgo y localizar restos permite analizar la dinámica criminal y entender dónde o de qué manera se pudieron deshacer de los retos. De esa manera se establecen distancias entre una zona y otra. Y aún cuando han transcurrido siete años y los resultados podrían ser negativos, las acciones de búsqueda no se detendrán.
“Hemos avanzado mucho en la controvertida verdad histórica, que así la llamaron, porque mucho de lo que se hizo para poder quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita”, acusó Gómez Trejo.
De ahí que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa aborda dos ejes en las indagatorias, uno de ellos se remite a lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Mientras que la otra vertiente está enfocada al interior de la dependencia ministerial, y dar con quienes abusaron de su poder para la pérdida de evidencia y en la reconstrucción de hechos con testimonios obtenidos mediante tortura así como detenciones arbitrarias, así como fallas en el debido proceso. Al menos una agente del Ministerio Público ha sido judicializada por obstruir el acceso a la justicia.
Por otra parte, los funcionarios argumentaron que harán uso de los alcances legales para auxiliarse de testigos colaboradores, tanto aquellos que estén en prisión, como otros que sigan en libertad. Todo ello se realizará para llegar a la verdad, pero sin obstruir la justicia.
Y es que Gómez Trejo confirmó la polémica participación en el caso Ayotzinapa de Abigael González Valencia, el Cuini, supuesto narcotraficante sujeto a un proceso de extradición a EEUU y quien es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este último testigo fue trasladado en mayo pasado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha, en la capital del país, luego de dos años en el Penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, tras su detención en febrero de 2015. El fiscal aseguró que el Cuini ha ayudado con testimonios para corroborar datos en las líneas de investigación.
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