Con la finalidad de aprehender al empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la liberación de dos fichas rojas para la localización internacional de los sujetos relacionados a operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
De acuerdo con Animal Político, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada del caso, tiene un informe que indica que la pareja salió de México desde hace varios meses, por lo que estarían en calidad de prófugos.
Con dicha solicitud, la Interpol podrá rastrear a Gómez Mont y Álvarez Puga en más de 140 países en donde tiene presencia sus órdenes. Esta se sustenta en la orden de aprehensión que la semana pasada les otorgó un juez federal del Estado de México por delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Según el medio, la FGR argumentó que la orden de detención es necesaria para garantizar la presencia del matrimonio ante la autoridad, ya que son personas con poder económico, lo que les facilita trasladarse a diferentes lugares. El juez validó la argumentación y consideró procedente la solicitud.
Los delitos por los cuáles la pareja es acusada y se ordenó la orden de captura son: delincuencia organizada con fines de lavado de dinero (a través de casi 1,500 operaciones bancarias con empresas fantasma), operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. En caso de ser encontrados culpables podrían enfrentar entre 20 y 60 años de prisión.
Desde hace años se les acusa de operaciones irregulares
Aunque se estima que han desviado cerca de 3 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a una red de empresas fachada ligadas a Álvarez Puga y la ex presentadora de Ventaneando, hay varias investigaciones en contra de ambos.
En 2012, el diario New York Times, publicó que en una firma del empresario, dedicada a dar asesoría fiscal y administrativa, se escondía una matriz de compañías fantasma que ofrecían servicios de potenciales clientes con fines ilícitos, en su mayoría.
El problema legal que enfrenta Gómez Mont comenzó en 2016, pues tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta. Posteriormente, en 2018, Inés buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ayuda del Órgano Administrativo Desconcertado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR.
En un principio se dictaminó que Inés no había cubierto la totalidad del daño a Hacienda y se le exigió el pago extra de 2 millones 604 mil 537 pesos.
En octubre de 2019, Jacqueline Cruz, la abogada de la conductora, dio a conocer que la pareja estaba siendo investigada y afirmó lo siguiente para el programa De primera mano: “Estamos siguiendo el curso legal para tener un procedimiento que se tiene que seguir para poder determinar y dar por concluido, aunque ya se ha cubierto el monto de este impuesto sobre la renta, que era sobre el que existía una discrepancia”.
Al respecto, la misma Inés Gómez Mont reaccionó desde su cuenta sobre su situación legal y aclaró que no han tenido acceso “a la orden de las pruebas que la justifiquen” y añadió “sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejercerémos todos nuestros derechos”.
Recordemos que la ex conductora es sobrina de Fernando Gómez Mont, ex Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón, además de que Víctor Álvarez Puga se le ha señalado por formar parte del selecto grupo de amigos de Juan Collado, abogado que estuvo a cargo del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.
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