A pesar de que la transparencia y el combate a la corrupción han sido dos de las banderas del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no ha ocurrido en todas las dependencias federales.
Y es que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) compartió este miércoles el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), donde se identifican al menos cinco dependencias que en 2020 utilizaron el proceso de adjudicación directa como regla en sus contrataciones, para las cuales destinan miles de millones de pesos.
Se tratan de Laboratorios de Biologicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Función Pública (SFP) y Diconsa S.A. de C.V.
Cabe mencionar que la Ley de Adquisiciones y Obra Pública en México establece que, por regla general, todas las compras (bienes) o contrataciones (servicios) deben realizarse a través de licitaciones públicas, con el objetivo de garantizar la competencia entre posibles provedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.
Mientras que las compras por adjudicación directa o invitación restringida solo se deberán aplicar en casos excepcionales y debidamente justificados. Sin embargo, en estas dependencias eso no ocurre así, lo que “implica mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas”, de acuerdo con el instituto.
En el informe se detalla que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V (Birmex), empresa de propiedad estatal, asignó el 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3,800 millones de pesos gastados sin concurso.
Mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12,000 millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020.
En el caso de la Secretaría de Marina (Semar), no se destinaron recursos por licitación pública en 2020.
La Semar adjudicó 1,900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
En cuanto a la Secretaría de Función Pública, ocho de cada 10 pesos gastados en procesos de compra fueron por adjudicación directa.
Por su parte, Diconsa, empresa estatal que abastece de productos basicos y complementarios en zonas rurales, adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones públicas, lo que representa 460 millones de pesos. Esta institución apunta que, al no existir un proceso de selección para proveedores, “abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley”.
Por fortuna, el IRC permitirá monitorear las más de 150 mil compras que el gobierno federal realiza cada año.
8 de cada 10 contratos por adjudicación directa con la 4T
El gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” entregó el 80.3% de los contratos por adjudicación directa en el 2020 y el 78.1% en 2019, según una investigación publicada a inicios de 2021 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Estas cifras superan a las de la administración del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, quien ha liderado uno de los sexenios más corruptos en los últimos tiempos.
Del 2012 al 2018, la proporción más baja registrada fue en 62.2% (2014) y la cifra más alta se reportó en 77.7% (2017).
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