
El asesinato de José Eduardo R. ha desatado una ola de indignación en México, luego de que se diera a conocer que el joven de 23 años fue detenido de manera arbitraria por policías municipales de Mérida, Yucatán, quienes lo violaron, torturaron y asesinaron bajo una sospecha injustificada.
En medio de las exigencias de justicia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se sumó al reclamo e hizo un llamado a las autoridades para el crimen sea investigado con perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos.
Además, pidió que se brindara asistencia a la familia de José Eduardo como víctimas del delito y exigió evitar que queden impunes las personas responsables.
“Es necesario reiterar que se deben implementar todas las acciones que sean necesarias para prevenir estos delitos cometido de forma absolutamente injustificada por integrantes de cuerpos policiacos”, señaló la dependencia en un comunicado, pues recalcó que, aunque el caso se está judicializando y ya hay cuatro detenidos, no se puede pasar por alto la prevención de “estos delitos posiblemente cometidos de forma absolutamente injustificada por integrantes de los cuerpos policiacos encargados de la seguridad de todas las personas con estricto apego a sus derechos humanos”.

Conaped también pidió que se determiné si durante el delito existió discriminación por apariencia física, edad, identidad personal o expresión corporal que “compruebe los estereotipos, perjuicios o estigmas injustificados” de los agentes para realizar la detención.
En especial, recalcó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de igualdad con independencia de las características con las que nacemos, por lo que nadie tiene la oportunidad de afectar a otros con base en esas características.
La pesadilla para José Eduardo y su familia, oriunda de Veracruz, tuvo lugar el pasado 21 de julio, cuando la María, madre del joven, recibió una llamada de su hijo para hacerle saber que varios policías municipales lo arrestaron injustificadamente y abusaron sexualmente de él.
“Primero lo violaron en la patrulla, lo golpearon, y después lo violaron en la cárcel. Él me dijo que fueron varios policías”, relató la madre a El Diario de Yucatán.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán el joven vio al médico legista, quien le dijo que tenía fallas en los riñones y uno de los pulmones. La mujer entonces llevó a su hijo al Hospital O’Horán, en donde se negaron a atenderlo hasta que la FGE envió un dictamen médico.
No obstante, los esfuerzos fueron en vano, pues José Eduardo falleció a causa de sus heridas el pasado 3 de agosto.
El cuerpo de su hijo le fue entregado el 5 de agosto y este viernes finalmente lo veló en la funeraria Nieves, de Kanasín. Más tarde, la mujer se presentó con el féretro de su hijo más pequeño en el Palacio de Gobierno, en donde exigió al mandatario Mauricio Vila Dosal que esclareciera los hechos e hiciera justicia.
“Si a mi me llega a pasar algo, ellos son los culpables, tanto el gobernador, como su policía. Son los únicos culpables de que aquí no haya justicia”, expresó.
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