La audiencia que se había programado este lunes 12 de junio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue aplazada por tercera ocasión a petición de la defensa del exfuncionario.
La defensa de Lozoya consiguió aplazar el proceso por 30 días más para reunir los datos de una serie de peritajes sobre cuentas bancarias en Alemania y Suiza a favor del exdirector, y supuestamente también para concluir las colaboraciones con la Fiscalía General de la República (FGR). De esta manera Lozoya cumplirá más de un año sin poder avanzar de etapa procesal.
Las audiencias que fueron reprogramadas pretendían decidir si el exfuncionario iba a juicio por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht y Altos Hornos, o si —por el contrario— se confirmaba la suspensión temporal de los procesos en su contra gracias al criterio de oportunidad que supuestamente ha buscado negociar con la FGR.
Emilio Lozoya fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, España, y extraditado el 17 de julio a México. Es el principal implicado de la trama de sobornos de Odebrecht en el país.
Fue vinculado a proceso el día 28 del mismo mes de su arribo por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción, pero no fue a prisión ni fue sometido a resguardo domiciliario, por lo que ha continuado con su proceso en libertad.
Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido un día después de su arresto en España que en su Gobierno no había “protección para nadie”.
Supuestamente recibió USD 3.5 millones por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado, lo cual ocurrió en 2014, cuando la paraestatal pagó 475 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.
La Corte Federal de Nueva York estableció que entre 2010 y 2014 la empresa Brasileña Odebrecht pagó sobornos por más de USD 10.5 millones a funcionarios mexicanos para asegurar que los contrataran para la obra pública.
Desde su extradición a México desde España, Lozoya Austin ha estado colaborando continuamente con la FGR. Supuestamente ha dado nombres de altos funcionarios implicados en presuntos casos de corrupción.
En su búsqueda de protección, Lozoya denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013.
Sin embargo, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fuera secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del Departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, ambos considerados como testigos estrella de Lozoya al ser señalados por él como los encargados de recibir y repartir el dinero de los sobornos, contradijeron esta semana la versión dada por el ex funcionario de la petrolera.
Inicialmente se habían fijado seis meses para aportar las pruebas, pero los abogados de Lozoya han conseguido aplazar las audiencias hasta en tres ocasiones.
La defensa del exdirector busca que su cliente pueda acceder al criterio de oportunidad de la FGR gracias a su colaboración, o en todo caso reunir más evidencias para defenderlo. Jorge Luis Lavalle es el único político que ha resultado preso por el caso Lozoya.
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