La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe informar sobre las acciones para cumplir con lo instruido por el presidente el 13 de enero de 2021, respecto a las reuniones sostenidas con empresas proveedoras de servicios en los penales privados, y los resultados de éstas en caso de haberse llevado a cabo, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el recurso ante el Pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña planteó que las conferencias matutinas han permitido profundizar en las instrucciones del presidente de la República a sus colaboradores inmediatos; para favorecer esa dinámica de apertura pública y de vocación de transparencia, cabe entregar la información requerida.
“No decir exactamente de quiénes se trata, si se les va a demandar por tanto dinero o si hay un pendiente específico que esté por comprobarse, pero sí una explicación que allegue contabilizaciones, estadísticas, grado de avance en las acciones para que no quede en el vacío la instrucción. Una explicación a la luz de la publicidad de cómo va, qué rumbo, qué ritmo lleva, la instrucción del presidente”, expuso Acuña.
Al respecto, el comisionado recordó que el 13 de enero de 2021, durante la conferencia de prensa matutina de AMLO, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se realizó la revisión de ocho contratos de prestación de servicios en los centros penales en conjunto con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
“Derivado de dicha revisión, se advirtió que los instrumentos jurídicos en cuestión celebrados durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuando el Secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna, fueron el resultado de erogaciones millonarias, cantidades que se encuentran pendientes de pago, en algunos casos hasta el 2037”, anotó.
En respuesta a la solicitud sobre acciones realizadas para cumplir la instrucción del Ejecutivo Federal respecto a reunirse con las empresas proveedoras de servicios en los penales, el sujeto obligado reservó la información argumentando que es parte de un proceso deliberativo y su difusión podría influir en la toma de decisiones o, en su caso, interrumpir, la negociación o análisis jurídico y alcances de los instrumentos contractuales para determinar su posible modificación y revocación.
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el Presidente de la República ordenó llevar a cabo las reuniones, por lo que únicamente se requirió saber si se había cumplido con dicha instrucción.
En el análisis del caso, la ponencia a cargo del comisionado Acuña advirtió que el sujeto obligado se limitó a clasificar la información, sin pronunciarse respecto a las acciones que derivaron de la instrucción dada por López Obrador en la conferencia matutina del 13 de enero de 2021.
Al respecto, determinó que la información que el sujeto obligado pretende clasificar como reservada, no guarda relación con lo requerido, pues la persona que presentó la solicitud busca conocer el resultado de las acciones y no el análisis que se encuentra desarrollando el sujeto obligado para atender la instrucción del Ejecutivo Federal.
Asimismo, debe considerarse que la instrucción fue encaminada a realizar reuniones con proveedores para llegar a acuerdos sobre los contratos ya existentes, y en su caso, la presentación de una demanda en materia civil para dar por terminadas las obligaciones derivadas de dichos instrumentos.
Con base en los argumentos presentados, la ponencia de Acuña concluyó que no es posible tomar como válida la atención dada por el sujeto obligado al requerimiento, dado que la información que pretende clasificar no guarda relación con lo solicitado.
Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y le instruyó realizar la búsqueda de la información requerida, en todas las unidades administrativas que resulten competentes y entregar al particular las acciones realizadas, así como los resultados de las mismas, en relación con la instrucción del Ejecutivo Federal respecto a reunirse con las empresas proveedoras de servicios en los penales privados, según lo manifestado por el Presidente de la República en la conferencia matutina del miércoles 13 de enero de 2021.
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