
J.A “Tony” Canales, defensa del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, declaró este jueves que no existen evidencias de que su cliente haya cometido alguna violación a las leyes norteamericanas.
A través de un comunicado, Canales reveló que la defensa del mandatario inicio desde que Alejandro Diaz Durán, senador de Morena y el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentaron denuncias, además de que descubrió que se han estado utilizando documentos incompletos y no autorizados del Gobierno de Estados Unidos.
De igual forma, indicó que la información que presentan Nieto y Durán se basa en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y de la Red de Control de Delitos Financieros.
La defensa explicó que en suelo norteamericano, los fiscales tienen prohibido discutir investigaciones en curso, pues esas denuncias se hacen en el Tribunal de Justicia sólo si hay evidencia para justificar los cargos.
Consideró que la acción es un intento por difamar la reputación de su cliente a través de la Fiscalía General de la República mediante un comunicado en el cual aseguraba recibir información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

A pesar de las acusaciones, el abogado aseguró que el gobernador del estado de Tamaulipas no tiene cuentas bancarias en ese país ni posee bienes inmuebles y afirmó que la evidencia que las autoridades mexicanas refieren no existe y probaran que la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo mal uso y falsificando información con fines políticos.
Este 12 de mayo un juez federal rechazó la demanda de amparo de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador opositor de Tamaulipas, quien buscaba protegerse ante la procedencia que determinó la Cámara de Diputados para retirarle el fuero y que las autoridades puedan procesarlo por supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y defraudación fiscal.
“En las relatadas circunstancias (…) se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada”, resolvió el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de acuerdo con los estrados judiciales consultados por Infobae México.
A finales de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia contra García Cabeza de Vaca, asegurando que el gobernador del PAN (Partido Acción Nacional) es presunto responsable de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.

A finales de abril, luego de concluir el proceso interno, San Lázaro se erigió como Jurado de Procedencia y decidió aceptar el desafuero de García Cabeza de Vaca, aunque el dictamen aprobado que propuso la Sección Instructora sólo menciona que es probable el delito de defraudacion fiscal.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, que tiene mayoría del PAN, mismo partido de García Cabeza de Vaca, decidió no proseguir con el desafuero en contra del actual gobernador de Tamaulipas por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, al mismo tiempo de ratificarlo y reconocerlo en el cargo.
Las decisiones diferentes entre Congresos serán definidos en última instancia por la Suprema Corte, ante la cual ambos cuerpos legislativos impugnaron, en una decisión que sentará precedente para futuros procesos contra gobernadores. García Cabeza de Vaca fue el primero en ser desaforado en San Lázaro en la historia del país.
En su resolución, publicada este lunes, el juez federal señaló que, cuando el órgano legislativo goce de las facultades que le otorgue la Constitución federal o local, según sea el caso, para elegir, suspender o remover funcionarios, resolver declaraciones de procedencia (desafuero) y juicios políticos, el amparo será improcedente.
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