El presidente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores, aseguró que solicitará un juicio político contra el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por intromisiones y violentar la Constitución en el proceso electoral.
“Estaremos solicitando ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión juicio político en contra del gobernador de este estado y juicio político en contra del fiscal de este estado, una dupla que no va con los principios del presidente López Obrador”, reprochó.
El líder del PES aseguró que Bonilla utiliza las instituciones locales para bloquear la candidatura de Julián Leyzaola, por lo que no solo constituye un atentado contra la democracia, sino también un delito.
El presidente del PES enfatizó que presentará más impugnaciones, pero no en Baja California, porque las instituciones están controladas por el gobernador a través de artilugios ilegales para tratar de descarrilar la candidatura de su candidato.
Hace unos días, la candidata a la gubernatura de Baja California por la coalición del PRI-PAN-PRD, Lupita Jones, también denunció a Jaime Bonilla Valdez, pero por presunto lavado de dinero.
Jones Garay denunció al actual gobernador ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero, peculado y colusión. De acuerdo con el equipo de la campaña de la ex Miss Universo, Bonilla Valdez habría triangulado 278 millones de pesos para financiar la campaña de Marina del Pilar Ávila, quien es candidata por el partido Movimiento Acción Nacional (Morena), partido al que pertenece Bonilla Valdez.
La ex modelo acusó que el actual gobierno estatal contrató a la empresa Fisamex, bajo la razón social Romafan, la cual cobra al estado el 20% de la recaudación por el derecho de agua a cambio de auditar y calcular adeudos.
Juan Marcos Gutiérrez, integrante del equipo jurídico de la candidata, indicó que Romafan S.A. DE C.V. habría recaudado más de mil millones de pesos para el estado, por lo que recibió 278 millones de pesos. A este conjunto de acciones se les considera “lavado de dinero” y se contempla en el artículo 400 bis del Código Penal Federal.
Además, esta empresa depositó 63.8 millones a Salhec, una constructora creada en 2020, esta a su vez transfirió 162.4 millones de pesos a Fiscales de Agua, empresa creada en septiembre pasado.
“Es alarmante la forma como estas personas han operado de manera arbitraria, sin justificación, fuera de la ley, y sometiendo al ciudadano a extorsiones e intimidaciones, retirando medidores de agua”, declaró Jones Garay.
A mediados del mes de abril, un diario de circulación nacional reveló que el gobernador de Baja California expropió el Club Deportivo y Social Campestre Tijuana.
En diciembre del 2020, Jaime Bonilla había anunciado que su gobierno tenía la intención de expropiar el Club para ponerlo a disposición del público. El argumento del gobernador fue que los propietarios han incumplido con sus obligaciones fiscales, además de que acusó al ex alcalde del municipio, Arturo González Cruz, por supuestamente encubrir y beneficiarse de la situación.
De esta manera y en medio de las contiendas electorales, el pasado martes, 13 de abril del 2021, Bonilla publicó un decreto en el Periódico Oficial del Estado en el cual daba banderazo a la expropiación del terreno para llevar a cabo “la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre”.
El Club Deportivo y Social Campestre Tijuana, construido hace más de 70 años, se ubica en una de las zonas residenciales de la ciudad; cuenta con una extensión de 80 hectáreas ( poco más de 500 mil metros cuadrados) y un campo de golf reglamentado con 28 hoyos, los cuales son propiedad de aproximadamente 800 familias.
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