Familiares de desaparecidos de todo México exigieron este jueves que la gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconsidere sus nuevas normas de operación y establezca lineamientos que atienda sus necesidades.
“Hoy la CEAV nos intenta o quiere revictimizar imponiéndonos un reglamento interno que solamente impide que nosotros retomemos nuestro proyecto de vida”, dijo a Efe Angelina Almeida, esposa de Joel Sebastián Cancino, torturado y asesinado tras ser detenido por miembros de la Secretaría de Marina en julio de 2015.
Como ella, alrededor de 80 familiares de personas desaparecidas caminaron desde las inmediaciones de la Comisión hasta el edificio ubicado en la popular colonia Del Valle, en el sur de la capital mexicana, donde exigieron ser atendidos todos juntos el viernes para poder explicar su inconformidad sobre los lineamientos publicados este jueves por dicho organismo.
Según explicó Almeida, la CEAV les exigirá a partir de ahora facturas para justificar los gastos de las ayudas que reciben como víctimas indirectas, algo que, dijo, no es posible para muchos.
“Cuando las compañeras salen a búsqueda en el monte o en los cerros no hay forma de facturar en esa zonas”, explicó.
Además, consideraron que el reglamento publicado por la institución no es preciso y resulta incongruente para “cualquiera que viva nuestro día a día”.
Les piden a partir de ahora que facturen a nombre de la CEAV, pero para ellos eso es algo que no tiene sentido.
“La institución debería defender nuestros derechos como víctimas pero nos quiere obligar a una facturación a nombre de la CEAV cuando nosotros no somos servidores públicos de la CEAV. No es que no queramos un reglamento, lo que necesitamos es que el lineamiento se ajuste a nuestras necesidades”, sentenció.
Por otra parte, los familiares insistieron en que su objetivo viniendo al edificio de la CEAV en Ciudad de México desde estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas o Michoacán es únicamente un diálogo pacífico y directo.
“Nosotras no venimos a pelear con ellos, no somos agresoras, queremos un dialogo abierto, queremos que haya una resolución. La ley general de víctimas es muy clara, dice que los lineamientos deben ser elaborados a favor de las víctimas, no a favor de la institución”, terminó Almeida.
Este mismo jueves, el Gobierno mexicano informó de un acumulado de 85,006 reportes de personas desaparecidas de 2006 a la fecha, con más de la mitad, 44,174, registradas desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.
Sin embargo, en este último periodo las autoridades han localizado al 55.80% de estos desaparecidos, 92% de ellos con vida, aclaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los reportes de desapariciones son casi 3,000 más que los 82,888 del último informe que rindió Encinas en enero pasado.
México afronta una crisis histórica de desapariciones con un histórico de 212,193 denuncias de personas no localizadas desde 1964, aunque Encinas aclaró que ya se han ubicado a 125,530 personas, 93% de ellas con vida.
De esta manera, el número oficial de desaparecidos y que siguen sin localizar en la actualidad es de 86,663.
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