El Instituto Nacional Electoral (INE) implementará por primera vez una prueba piloto para garantizar que 2,185 personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto en total secrecía, mediante el voto anticipado, informaron a través de un comunicado este lunes
La jornada de votación con este modelo se llevará a cabo el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días, mientras que el escrutinio y cómputo de los votos se realizará el 6 de junio, el día que se celebrarán las elecciones intermedias en todo el país.
Así lo establecieron las Consejeras Dania Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, al participar en la Presentación de Libres para Elegir. Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, convocado por Documenta A.C. y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social.
La consejera del INE Dania Ravel precisó que en el actual proceso electoral se implementará por primera vez una prueba piloto vinculante “encaminada a que las personas que están en prisión preventiva y, por ende, no han recibido sentencia condenatoria puedan ejercer su derecho al sufragio, lo que constituye una medida de gran importancia en favor de los derechos humanos”.
Remarcó que se buscó atender la directriz de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de tener una perspectiva de género e intercultural, por lo que se incorporó entre los cinco Centros Federales de Readaptación Social uno femenil y otro de población indígena.
Ravel añadió que, del total que podrán votar, 1,680 son hombres y 505 mujeres, número que podría disminuir si alguna de éstas no manifiesta su interés de participar o si las que lo hicieren no están inscritos en el Padrón Electoral.
Agregó que, a través del voto postal anticipado se enviará un paquete de correspondencia personalizado que incluirá un instructivo de votación, el resumen opciones electorales, la boleta y un sobre para enviar el voto, el cual podrán realizar en total secrecía ya que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar lugares que garanticen la privacidad y en donde sea posible colocar la mampara especial.
El escrutinio y cómputo de los votos se va a llevar a cabo el 6 de junio por funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla, en las mesas de escrutinio y cómputo del voto de personas en prisión preventiva, en las Juntas Locales de la entidad en donde se encuentra cada uno de los Ceferesos.
El voto de las personas en prisión preventiva será un reto muy importante no sólo para la autoridad electoral, sino también para las del Estado mexicano, quienes estarán trabajando de forma muy coordinada, sostuvo la consejera Claudia Zavala.
Detalló que, para el ejercicio del sufragio, se implementará un modelo de voto anticipado a partir del 17 de mayo, “que sea secreto, que sea informado, que sea libre”. “Esas garantías nosotros las estamos buscando con un modelo electoral que precisamente nos permite generar las condiciones para adaptarnos a las necesidades de la seguridad que requieren estos centros hacer viable el ejercicio del voto”, agregó.
Zavala convocó a las organizaciones de la sociedad civil a incorporarse al modelo de observación para que puedan dar el seguimiento a esta fase del ejercicio del voto. “Y, a partir de eso, después tenemos que sentarnos y delinear y delimitar el modelo, porque para el próximo proceso electoral, no sólo ya va a ser una elección que hoy es la elección de diputados federales, sino que, tenemos que abarcar la posibilidad del ejercicio del voto de las y los ciudadanos en todas las elecciones a las que tendrán derecho”, concluyó.
En su intervención, el Director General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social, Juan José García Ochoa señaló que a través del INE se han hecho invitaciones a alrededor de 3,200 personas privadas de su libertad que se encuentran en la condición de procesados y en este momento se está en la etapa en la que deberán expresar de manera libre y voluntaria su interés de participar a través de llenar un formato diseñado de manera conjunta.
Aseguró que son la autoridad que será facilitadora de la tarea, tanto del INE como de las personas privadas de la libertad, para que puedan ejercer su derecho por primera vez “como responsables de la seguridad y de la gobernabilidad de los cinco centros penitenciarios que van a participar”.
La fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Valentina Lloret, consideró que se trata de un momento histórico y un reto, tanto para las autoridades electorales como las penitenciarías, ya que en todo el país existen 90,000 personas, 84,000 hombres y 6,000 mujeres son susceptibles a tener este derecho al voto.
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