
La secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU), junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dieron a conocer la firma de convenios con los municipios de Tecámac y Zumpango en el Estado de México, para regenerar las viviendas abandonadas de la zona.
“Los acuerdos establecidos servirán para fomentar el desarrollo de infraestructura básica y de equipamiento, así como para implementar medidas que tiendan a aumentar la plusvalía de los inmuebles para revertir los factores que propiciaron el rezago urbano y social de dichas zonas”, menciona el comunicado emitido el pasado 3 de marzo.
Asimismo, ambas instituciones ahondaron en que los convenios corresponden a un “Plan maestro participativo” en el que se espera rehabilitar, conservar, mejorar, construir y comercializar las viviendas que se vayan recuperando.
En este sentido, el titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, mencionó que dentro de los siete municipios colindantes con el nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” hay un total de 250,000 viviendas abandonadas, de las 650,000 a nivel nacional. Además de que en Zumpango y Tecámac existen 50,000 casas en situación de abandono, de las cuales se espera rescatar como mínimo el 40%.
“Por eso nos encontramos aquí firmando este acuerdo que busca resarcir el daño ejercido en el pasado. Tenemos como meta recuperar más de 100 mil viviendas durante este sexenio. No es cuestión menor; fue muy fácil construir volúmenes masivos de vivienda en las afueras de las ciudades, lejos de las fuentes de trabajo, pero recuperarlas sí requiere una colaboración mucho más estrecha con las autoridades municipales”, dijo Meyer Falcón.

También destacó que se tiene planeado firmar más de 80 convenios de colaboración con los municipios en donde existen más viviendas por rescatar, para que “la vivienda deje de ser vista como un elemento financiero y se garantice su acceso desde una perspectiva de derechos humanos”.
El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, mencionó que este programa no sólo se trata de recuperar los inmuebles, sino de facilitar el acceso a las personas que no tienen tantos recursos. Lo anterior, con la finalidad de anteponerse a las desigualdades y discriminación.
Vamos a trabajar con ustedes para recuperar el entorno urbano, cerrar brechas de desigualdad y asegurarnos de que las familias que vuelvan a habitar en esas casas puedan formar un patrimonio y se sientan tranquilas cuando sus hijos salgan a jugar a la calle”, declaró el director general del Instituto.
Cabe señalar que el “Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada”, el cual está dentro del Programa nacional de Vivienda comenzó la operar desde el 22 de enero de 2020 con el convenio del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El nuevo aeropuerto internacional
El área en donde el Infonavit y la SEDATU están planeando regenerar las viviendas, se encuentra dentro de la demarcación aledaña al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, proyecto que fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, en julio de 2020 cuando la SEDATU se preparaba para la entrega exclusiva de terrenos aledaños al nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, las protestas por parte de los dueños no dejaron de resonar para exigir el diálogo con las autoridades correspondientes.
SEDATU
querría entregar un total de 617 hectáreas de terreno a 722 comuneros del poblado San Miguel Xaltocan, de acuerdo con los datos publicados por Excélsior.
De hecho, desde abril de 2019 tenían en su poder un total de 745 hectáreas de terrenos, según el medio mexicano, mismas de las que 128 fueron entregadas para las obras que dieron paso al Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Uno de los propietarios de dichos terrenos, identificado como Sergio González Tostado por el reportero Andrés Becerril de Grupo Imagen Multimedia, reveló a dicha empresa los documentos que acreditaban a cerca de 17 dueños como los poseedores, desde hace mas de medio siglo, de las 19 propiedad que habría ahí.
Entre dichos documentos destacaban las escrituras con fechas que datan de 1949 y hasta 1996, así como la copia de un plano catasatral realizado por la comisión Agraria Mixta de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. Pese a esto, el entrevistado sentenció que la SEDATU no le hacía caso.
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