
La industria editorial mexicana, al igual que otros sectores comerciales, ha vivido una situación difícil con los cierres de librerías a causa de la contingencia sanitaria por coronavirus (COVID-19).
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), en 2019 se comercializaron alrededor de 123 millones de libros, lo que significó una facturación neta de 11,234 millones de pesos; en 2020 la facturación neta de libros impresos se calculó en unos 8,797 millones de pesos.
Aquello se tradujo en una reducción del 22% respecto a 2019, y más que por la contingencia sanitaria, se debió a las dificultades que tuvieron los grupos editoriales para continuar con la producción de libros cuando se estableció el semáforo rojo.
El escenario más pesimista implicaría un decremento del 30 por ciento: la industria editorial habría dejado de facturar 2,329 millones de pesos o 3,162 millones en el escenario más negativo, según los datos de la Caniem.

Y es que previo a la situación de cuarentena, entre enero y marzo, los ingresos mensuales de las editoriales presentaban una variación positiva de 9 por ciento. Sin embargo, a partir de abril, los ingresos cayeron 41 por ciento en promedio cada mes, siendo el mes de mayo el peor, con un decremento en los ingresos de 62 por ciento, comparado con el de 2019.
De acuerdo con Juan Luis Arzoz, presidente de la Caniem, si bien la venta de libros electrónicos va caminando, nunca será semejante a lo que es en países desarrollados que está como en el 10 o el 12% de su producción, por lo que en México el libro en papel sigue siendo prioritario.
Durante la inauguración de la edición 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que este año se realizó del 18 de febrero al 1 de marzo de manera virtual a causa de emergencia sanitaria, el presidente de la Caniem hizo un llamado de cara a las siguientes elecciones:
“Hacemos un llamado a todos los candidatos a puestos de elección popular para que fijen su atención en la cultura y asuman un compromiso amplio para el impulso de políticas públicas que den certeza a todos los integrantes de la cadena productiva del libro”, expresó.

Añadió que es necesario “implementar estrategias de promoción de la lectura que impacten profundamente en la sociedad y que propicien el surgimiento, crecimiento y consolidación de las librerías de nuestro país, motivando la discusión y promoviendo reflexiones acerca de la industria editorial, el mundo del libro y la lectura. Tenemos un marco legal muy importante, y sin duda perfectible, como lo es la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual es tarea de todos hacer que opere y que se cumplan los postulados que en ella se señalan”.
Con 5.3 libros al año, México es uno de los países en los que menos libros se leen. Desde hace años, son muchas las hipótesis económicas, sociales y culturales que se manejan para justificar el fenómeno; uno de esos factores determinantes es la dificultad que tiene la población para acceder al material bibliográfico.
Los datos indican que hay un déficit de puntos de venta, pues deberían de existir cerca de 2.400, al menos una por cada municipio de la República. En contraste con este ideal, el 94% de los municipios no tienen una librería.
La recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es que cada país cuente con una librería por cada 7.500 habitantes. En Ciudad de México hay una por cada 16.000 personas.
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