Las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, fueron desbloqueadas después de que una jueza federal determinara que la orden de congelarlas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no obedeció a una petición expresa de un organismo internacional, como esta dependencia había afirmado.
Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa concedió el amparo a Billy Álvarez, como también es conocido, por lo que ahora se le permite acceder a sus cuentas en los bancos Santander, BBVA Bancomer, FINAGAM, Sociedad Cooperativa de Ahorro, Préstamos de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y HSBC.
En la sentencia, la jueza argumentó que la petición para congelar las cuentas del empresario había sido emitida por autoridades de Estados Unidos, las cuales incluso presentaron una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República, pero consideró que no se cumplieron los requisitos establecidos en el tratado internacional, por lo que el bloqueo fue ilegal.
También mencionó que el bloqueo de las cuentas de Álvarez se fundamentó en que “desplegó con diversas personas (morales y físicas) una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al sistema financiero nacional, mediante una multiplicidad de actos”.
Esto hizo que la UIF se inclinara por establecer que los activos utilizados para tal efecto tenían una procedencia ilícita, además de que se realizaron con la finalidad de ocultar tanto su origen como su destino final.
Sin embargo, la jueza destacó que el hecho de proceder con el bloqueo de cuentas sin cumplir las normas establecidas entre ambos países era algo que vulneraba el derecho de seguridad jurídica del quejoso.
Además, destacó que no es suficiente que la UIF sostenga que la inclusión de Álvarez a la lista de personas bloqueadas se llevó a cabo a partir de la solicitud de autoridades extranjeras con base en los comunicados oficiales del 20 y 21 de mayo de 2020, suscritos por el Agregado Jurídico de la Embajada de Estados Unidos Mexicanos de Norte América, correspondiente al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Los oficios en los que aduce la UIF que se actualiza la condición formulada por la Segunda Sala del Alto Tribunal para el ejercicio válido de la facultad de ordenar el bloqueo de cuentas que fueron aportados como prueba por parte de la autoridad, no resultan suficientes para estar que su actuación resulte constitucional”, se puede leer en el documento.
A finales de julio pasado, un juez federal con sede en el penal del Altiplano emitió una orden de aprehensión en contra de Álvarez, a quien se le acusó de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según informaron fuentes de la FGR.
También se emitieron órdenes en contra de otros miembros de la cooperativa, como Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, ex director jurídico; y el abogado externo, Ángel Junquera. Todos fueron considerados parte de la supuesta organización delictiva.
Según las acusaciones, durante al menos seis años, los investigados se organizaron para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la cooperativa, pues autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes a empresas fantasma que facturaban operaciones simuladas, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos ilícitos.
Se estima que esto derivó en un daño a la cooperativa por varios cientos de millones de pesos. Hasta el momento, Álvarez se encuentra prófugo de la justicia y existe una ficha roja emitida por la Interpol solicitada por la FGR.
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