Un juez Federal vinculó a proceso a dos funcionarios de alto rango del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presuntamente por contratar a sobreprecio a empresas sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Así lo dio a conocer este jueves la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado. Se tratan de Fernando López Gómez, titular de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos y Mario Pacheco Ortega, titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.
Y es que dichos funcionarios, otorgaron una adjudicación relacionada con la partida “Contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022”, para renovar los laboratorios de clínicas y hospitales, a empresas acusadas de prácticas monopólicas absolutas.
Además, lo hicieron con un sobrecosto por la cantidad de 809 millones 204 mil 113 pesos, afectando el patrimonio del IMSS.
La FGR señaló que López Gómez y Pacheco Ortega desecharon indebidamente propuestas económicas que ofrecían mejores condiciones de costo-beneficio.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte procesó a lo funcionarios por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el cual no amerita la prisión preventiva de oficio.
Sin embargo, se fijaron seis meses para la investigación complementaria y como medidas cautelares, los imputados acudirán cada mes a firmar ante el Juez, y estarán impedidos a salir del país.
Vinculan a dos ex funcionarios por el caso de la Guarderia ABC
Cabe mencionar que el pasado 9 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron a Sergio “S” y Carla “R”, que eran directivos del IMSS en junio de 2009, cuando el incendio de la Guardería ABC provocó la muerte de 49 menores e hirió a otras tantas personas. El martes pasado, el juez dictó la vinculación a proceso de los imputados y ordenó prisión preventiva para ambos.
La detención fue producto de una orden de aprehensión dictada por el Juez Federal de Control de Hermosillo, Sonora. Desde el 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó la denuncia en contra de estos ex funcionarios que fungían como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.
La denuncia estuvo motivada por las diversas acusaciones de impunidad para altos mandos del gobierno federal que, con los años, han recibido la Procuraduría General de la República y luego la Fiscalía. En 2009, después del incendio, la entonces PGR inició acciones penales contra 22 personas involucradas, ninguna de ellas tenía un cargo relevante o de alto nivel. Ante esto, la sociedad civil acusó a las autoridades federales de iniciar una serie de juicios expiatorios.
El 7 de agosto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso para su investigación a fondo.
“Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible. Ahora la CIDH conocerá el fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición”, explicó un comunicado de prensa emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ambos sucesos (la vinculación a proceso de los altos funcionarios y el reconocimiento de la CIDH), 11 años después del crimen, han significado una revalidación para la comunidad de padres de las víctimas. Desde el 5 de junio de 2009, ellos han denunciado que fue la negligencia de las autoridades la que mató a sus hijos e hijas.
El hecho comenzó cuando una bodega de papel con la que el recinto compartía paredes entró en llamas. El fuego atravesó hacia la guardería. Además de los que murieron, hubo también más de 100 lesionados. Todos ellos quedaron encerrados en el interior del lugar porque las puertas abrían hacia adentro.
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