El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó “sorpresa y preocupación” ante la iniciativa en materia de subcontratación presentada este jueves por Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros funcionarios públicos. La existencia de la iniciativa ya había sido adelantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de octubre.
De acuerdo con el organismo empresarial, la iniciativa pasa por alto el compromiso previo de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que serán afectadas con la modificación de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Los empresarios defendieron esta figura de contratación, también conocida como “outsourcing”, por considerar que permite a las empresas acceder a personal calificado de forma inmediata, pero respetando la seguridad laboral, prestaciones, salud y patrimonio de los trabajadores.
El CCE criticó, a través de un comunicado de prensa emitido este 12 de noviembre, que los acuerdos alcanzados entre sector privado y autoridades públicas durante el parlamento abierto realizado en el Senado no fueron retomados en la iniciativa expuesta por el ejecutivo federal. “Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada, y no respeta el consenso alcanzado en el Senado”, dijo.
Por esta razón, hizo un llamado a los diputados federales a establecer un nuevo proceso de parlamento abierto en el que el sector privado pueda expresar su punto de vista y hacer adecuaciones pertinentes a la iniciativa.
El acuerdo no retomado, según refiere el Consejo, fue el consenso de promover una “regulación que evitara el abuso, pero a la vez conservara las fuentes de empleo”. Y es que los grupos empresariales reunidos en el CCE afirman que una regulación altamente restrictiva producirá efectos nocivos en la economía, por lo que debe terminarse únicamente con la subcontratación irregular, es decir, aquella que no cumple con la ley vigente.
El Consejos Coordinador Empresarial afirmó que la subcontratación legal garantiza los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Defendió que se utiliza en todo el mundo pues es una figura de contratación útil, que fortalece el mercado laboral y la competitividad.
Las empresas extranjeras son también beneficiarias de esta figura que les permite establecer operaciones en el país dando cumplimiento a las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, añadió el CCE.
Finalmente, la organización del sector privado consideró que debido a la pandemia de COVID-19 no es momento de “generar mayores obstáculos en materia laboral”, pues las empresas de todos los giros y tamaños hacen esfuerzos para mantener su plantilla laboral.
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