
A inicios de semana, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen a través del cual se reforma la Ley Federal de Derechos, con el fin de que el gobierno cambie los montos que deben cubrir los particulares por la prestación de sus servicios y uno de los temas más relevantes en este sentido fue el aumento en el precio del uso del espectro radioeléctrico.
Tras esta decisión, el documento fue turnado al Senado de la República para su revisión y ante esto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió una postura, con el fin de que los senadores mexicanos reduzcan los montos aprobados por los diputados.
A través de un comunicado, el organismo hizo un llamado al Senado para que considere reducir los montos de los derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la iniciativa, los cuales se refieren a bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Dichas bandas serán de suma relevancia en el futuro tecnológico del país, pues resultarán necesarias para el despliegue de servicios de internet y telefonía móvil de quinta generación (5G), las cuales este órgano regulador planea licitar en los próximos años.

Según el IFT, los montos de los derechos que la iniciativa de reforma establece para la provisión de los servicios 5G son 186% superiores a los propuestos por el instituto, por lo que de mantenerse esos valores tan elevados “no sólo se pondrían en riesgo los procesos de licitación previstos para esta porción del espectro radioeléctrico, sino que se podría retrasar irremediablemente la introducción de estas tecnologías al país”.
Esta iniciativa también podría ocasionar un atraso en la competitividad nacional, pues la redes 5G contribuyen en el despliegue de otras tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial o el Big Data, las cual pueden tener un impacto de suma relevancia en aspectos cotidianos como la automatización de los procesos industriales, la teleducación, la telemedicina y el entretenimiento, entre otras cosas.
De acuerdo con información reportada por el diario El Economista hace unos días, este organismo refirió que la propuesta “inhibiría la entrada de nuevos competidores al tener que pagar altos montos por los derechos anuales, independientemente del pago de la contraprestación que se obtenga del proceso de licitación correspondiente, y reforzaría la asimetría que existe en el mercado”.

Asimismo, el IFT señaló que los altos costos pueden producir un resultado contrario al esperado, pues el Estado podría percibir menos recaudación en vez de incrementarla, a causa de la falta de participación en licitaciones y por nuevas devoluciones de espectro por parte de los concesionarios actuales.
Además, puntualizó, las tecnologías de quinta generación tendrán mucha importancia en el acceso de la nación a una economía digital integral, a través de la cual se beneficie gran parte de la población. Incluso destacó que en la actualidad, las telecomunicaciones han sido de suma relevancia para informar, comunicar y educar durante la emergencia sanitaria de COVID-19.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, señaló que esta propuesta, además de lo anterior, se puede traducir en un encarecimiento del servicio de la telefonía móvil e internet para la economía familiar.
“Va en contra de las familias mexicanas el que se decida aumentar un derecho en el uso del espectro radioeléctrico, que puede derivar en un incremento en el costo de los celulares, cuando son precisamente las nuevas tecnologías las que permiten enfrentar esta pandemia con trabajo, educación e incluso servicios de salud a distancia”, refirió.
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