
La supresión de 109 fideicomisos aprobada por los diputados mexicanos implica un recorte de casi 13,000 millones de pesos al financiamiento del campo mexicano ya que suprime dos importantes fondos agrícolas, informó este miércoles el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Los principales fideicomisos rurales que se eliminarán cuando lo ratifique el Senado, tal y como recoge el informe del GCMA, son el Fondo de la Financiera Rural y el Fondo Sectorial de Investigación.
El Fondo de la Financiera Rural, al que en 2020 se destinaron 12,563 millones de pesos (unos 590 millones de dólares), tiene como principal objetivo facilitar el acceso al crédito para fines agropecuarios y generar desarrollo rural.
El GCMA alertó de que la supresión de estas facilidades abocaría a los beneficiarios a contratar créditos a tasas de interés mayores, creará el riesgo de que los proyectos en ejecución asociados al fondo no sean viables y caigan en cartera vencida, además de poner en riesgo de quiebra a la Financiera Rural por los impagos de estos créditos.
El otro fondo importante afectado es el de investigación agrícola, al que se inyectaron 421 millones de pesos (unos 20 millones de dólares) en 2020 y que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Su supresión ocasionaría el abandono de investigaciones ya en marcha enfocadas a elevar la producción agroalimentaria y podría suponer un rezago en productividad frente a otros países productores en el largo plazo.
El comunicado recordó que México destina a la investigación y el desarrollo menos del 1% del PIB, lo que está por debajo del gasto recomendado en ese apartado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
A principios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó extinguir 109 fideicomisos por un valor conjunto de más de 68,000 millones de pesos (unos 3,100 millones de dólares), con el objetivo de centralizar fondos para afrontar la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es el principal impulsor de esta medida que deberá aprobar el Senado, ya que esgrime que los fideicomisos eran un sistema propenso a la corrupción y al manejo oscuro del dinero público.
Sobre el destino de esos recursos Manuel Guadarrama, coordinador del Área de Finanza Públicas del centro de investigación en política pública y acción ciudadana IMCO, dijo a El Financiero dicho medio que pese a que Hacienda promete mayor transparencia en los recursos de los fideicomisos, no hay ninguna disposición jurídica en el dictamen que garantice que dichos recursos van a seguirán entregándose a los mismos destinatarios y dependencias mediante ayudas sociales.
“En los Aprovechamientos no hay reglas claras, siempre se ha hecho mención del uso discrecional de esta partida. Los recursos de fideicomisos podrían entrar a esa bolsa porque tienen un tratamiento distinto de los ingresos excedentes”, dijo.
Dicho sitio consultó también a Paulina Castaño, investigadora de Fundar, quien advirtió que los recursos de los fideicomisos podrían caer en el presupuesto, y se pronunció en mismo sentido de que no se tiene la seguridad de que el dinero vaya a quienes lo necesitan.
*Con información de EFE
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