La crisis en materia de desaparición de personas en México ha dejado 38,891 cuerpos sin identificar en el Servicio de Médico Forense (Semefo), ya sean fosas comunes, refrigeradores, contenedores y osteotecas; pero este problema también pasa por las carencias en equipo, personal y colaboración entre dependencias, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Hasta 2018, el ONC había identificado más de 35,000 personas en Semefo, panteones ministeriales y fosas; al año siguiente, cifras oficiales reportaron 37,443. Pero una investigación de Quinto Eelemnto Lab, publicada este 22 de septiembre, da cuenta de 38,891 cuerpos que pasaron por algún Semefo del país de 2006 a 2019 y que la autoridad no había logrado identificar.
El trabajo, encabezado por la periodista Marcela Turati, refiere que, en los últimos 14 años, el número de cuerpos No Identificados creció 1,032 por ciento.
Para el sexenio de Felipe Calderón el registro fue de 9,349, con Enrique Peña Nieto hubo un incremento a 17,590 y en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador van 4,095. No obstante que, de 6,869 cadáveres, no se especificó el año en que ingresaron a un Semefo, según las solicitudes vía transparencia hechas por Quinto Elemento Lab.
Si bien, las cifras son abrumadoras, cabe destacar que no se trata solo de números, sino de un contexto de violencia que ha afectado a cientos de miles de familias en el país y agudizado en los últimos tres sexenios, según Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
La crisis forense también pasa por la falta de personal especializado para dar cauce a la identificación, así como al equipamiento de las instalaciones ministeriales, como la poca coordinación entre dependencias para acelerar las investigaciones; por ello, el ONC refiere a una crisis institucional forense.
Los tres indicadores de capacidades forenses del ONC son el equipamiento, relacionado con espacios físicos, herramientas y sistemas de información para realizar las operaciones; los procesos, referentes al empleo de protocolos para el registro e intercambio de datos entre instituciones; así como el personal suficiente y especializado, ya sean peritos, médicos, patólogos, antropólogos y químicos.
Por ejemplo, el ONC encontró que en México se carece de un protocolo homologado en odontología forense; pero 21 entidades federativas aplican el Protocolo homologado para el tratamiento e identificación forense; del resto, 6 estados implementan el Protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; y solo cinco entidades trabajan con ambos instrumentos.
″Donde ha habido carencia de estado, los ciudadanos, las familias, han salido", dijo Rivas Rodríguez, al presentar los hallazgos del ONC este martes 22 de septiembre desde el Claustro de Sor Juana. Pues el especialista en temas de seguridad pública refirió que hay insuficiencia de inmobiliario para dar respuesta efectiva a la problemática, pero los familiares de las víctimas han tenido que subsanar las incapacidades.
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz requieren más cámaras de refrigeración, este último estado precisa de una osteoteca en Xalapa. Mientras que Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y requieren instrumental necroquirúrgico. Zacatecas necesita de ambos materiales, así como unidades equipadas en más distritos judiciales.
Un caso particular es Tamaulipas donde, según las evaluaciones del ONC, debe haber un Semefo con todas sus capacidades en Tampico, Nuevo Laredo, Ciudad Mante, San Fernando, Miguel Alemán y Río Bravo.
De acuerdo con los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2019, referidos por el ONC, el total de personal en las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales fue de 96,847 servidores públicos. Mientras que el personal adscrito a los Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de las entidades federativas ascendió a 9,494 personas.
“Hay que señalar que si bien el personal total incrementó 32.8% entre 2014 y 2018, por función el crecimiento fue diferenciado. De esta manera, el personal administrativo y de apoyo aumentó 49.2%; los peritos 42.6%; los trabajadores sociales 22.2% y los químicos forenses 9.2 por ciento. Sobresale que los médicos forenses decrecieron 0.3%; el personal de otras funciones 5.4% y los oficiales secretarios disminuyeron 22.7%”, apuntó la organización en su informe.
México ha tenido desapariciones desde la llamada Guerra sucia, en la década de 1960 a 1970, pero la mayor parte de casos se acumularon en la guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón. En ese sexenio creció el número de personas no localizadas, cuerpos no identificados y fosas clandestinas, según explicó Rivas Rodríguez.
A partir de ese periodo, el fenómeno se agravó y, hasta septiembre de 2020, datos oficiales contabilizaron 75,053 personas desaparecidas desde 1964; de ellas, 11,645 en la administración de López Obrador.
Sobre el presupuesto para seguridad, del cual se desprenden recursos para afrontar la crisis forense, Rivas Rodríguez criticó que el gasto desde prevención hasta la reinserción social rondaba el 0.8% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio destinado por países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) era del 3% del PIB; y Colombia, que enfrenta una problemática similar a México, otorgaba hasta más del 5% en este ámbito.
“No puede ser que dependa de la buena voluntad de un funcionario público si hay recursos, si se avanza en una entidad y en otras no”, aseveró el director del ONC.
Otros hallazgos de la organización apuntaron que en Guerrero, Puebla y Sonora, la falta de recursos es más evidente, así como los mecanismos de colaboración institucional, además, en estos estados no había seguridad para quienes buscan a sus familiares. El director del ONC hizo un llamado a Jalisco, pues no aportó información para evaluar sus condiciones de servicio forense.
En una suma de 15 recomendaciones, el Observatorio Nacional Ciudadano especificó que es necesaria la publicación del diagnóstico forense nacional, así como mejorar la colaboración con las fiscalías para retroalimentar los resultados obtenidos en la búsqueda. Además de fortalecer la creación del recurso humano especializado y afinar los instrumentos de recopilación de información.
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