El Partido Revolucionario Institucional (PRI) repartió 66.2 millones de pesos para financiar su estructura electoral durante la campaña electoral del 2012, de acuerdo con lo que ellos justificaron. También, según las recientes declaraciones de Emilio Lozoya Austin, se usó dinero que provenía de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Fueron 100 millones de pesos que Lozoya Austin repartió entre asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña y la instrucción la recibió de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.
En relación a lo anterior, Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral), indicó para Milenio que la fiscalización que se realizó de la campaña del 2012 “fue profesional, cuidadosa, con compromiso democrático y apegado a derecho”
Asimismo, el ex consejero presidente del IFE cuestionó lo que ha dicho el ex funcionario público en relación con el dinero que se usó durante la campaña presidencial de Enrique Peña y que provenía de la constructora brasileña. Puntualizó que primero se deberían conocer lo documentos que prueben las declaraciones del ex funcionario.
En agosto del 2017, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que la constructora Odebrecht transfirió USD 3.1 millones durante el periodo de la campaña electoral del 2012 a Latin American Asia Capital Holding, empresa ligada a Emilio Lozoya. La transferencia se realizó a una cuenta en un banco suizo.
Valdés Zurita insistió que el ex director de Pemex tiene que demostrar lo que declaró, “pues la autoridad electoral ni ahora ni en aquel entonces lo puede detectar porque no tiene facultades”, porque explicó que la constitución le da la facultad a la autoridad electoral de salvar el secreto bancario pero en instituciones que operan en México, no en el extranjero. Asimismo, indicó que fueron transacciones que se realizaron en bancos en el extranjero.
Además, puntualizó que no se presentó denuncia sobre el uso de dinero proveniente de la constructora brasileña y fue un caso que se conoció posterior al cierre de la fiscalización de recursos de la elección del 2012.
En tanto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en junio del 2019 determinó que las acusaciones supuesto financiamiento la campaña presidencial de Peña Nieto por parte de Odebrecht ya no eran válidas porque los delitos han prescrito.
Para Leonardo Valdés no existe una construcción lógica de lo dicho por Lozoya Austin, porque consideró que no necesitó de asesores extranjeros cuando iba liderando las preferencias electorales.
En relación con las sanciones que impuso en su momento el IFE, por irregularidades en la campaña electoral del 2012, Valdés Zurita indicó que los partidos presionaron al Consejo General para que se adelantara la fiscalización de la campañas y que cuando detectaron que Andrés Manuel López Obrador fue el que había rebasado los topes, se retractaron de su solicitud.
“Los consejeros de buena fe accedieron a profundizar en la revisión que trajo los mismos resultados”. Fue en julio del 2013, el Instituto sancionó a todos los partido por un monto total de 341 millones de pesos.
La única sanción para una campaña presidencial fue para la coalición de izquierda Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador, por sobrepasar el tope de gastos.
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