A seis años del peor desastre ambiental en Sonora, sólo hay impunidad y falta de justicia para miles de afectados

A seis años del derrame de más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi por la minera Grupo México, en lo que es considerado el mayor desastre ambiental en la historia del país, la contaminación de los suelos persiste en la zona y la situación para los miles de afectados sigue igual. Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas.

Por si fuera poco, las indemnizaciones por el daño provocado fueron inferiores a los 2,000 millones de pesos acordados entre el gobierno federal y Grupo México, de Germán Larrea, dueño de Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22,000 personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la presa El Molinito, que a su vez se conecta con la presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Los habitantes de la zona dejaron de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por el derrame duraría más de 90 años.

Y es que conforme pasó el tiempo se supo que ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. Profepa sólo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido.

Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.

Y es que según los resultados del Laboratorio de Calidad del Agua, hay metales pesados cuya concentración en miligramos por litros (mg/L) supera varias veces la norma permitida para consumo en humanos, como el fierro que la norma lo marca en 0.3 mg/L y el análisis realizado por Conagua a muestras del Río Sonora presentó 14 mg/L; cuando una persona se expone a este metal puede padecer hemocromatosis.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable.

“Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, afirma Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, en Ures, Sonora.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores tampoco se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre. Los habitantes dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos.

“No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar, otro habitante del lugar.

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa.

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región.

En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el gobierno federal crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2,000 millones de pesos para la remediación.

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A 6 años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció negociaciones de Grupo México con los mineros de la Sección 65 y los afectados por la contaminación del Río Sonora pero la pandemia de COVID-19 detuvo las mesas.

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