En un documento fechado el pasado 8 de julio, las diputadas del partido Morena (oficialista) en la Ciudad de México, Valentina Batres y Martha Ávila, presentaron una iniciativa que busca dotar a inquilinos de la capital del país de recursos legales para contar con alternativas en el pago de renta a sus arrendatarios, mismas que van desde negociar opciones –en tiempo y forma– para hacer el pago en partes hasta simplemente no pagar.
Esto, señalan, ante la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.
“Todo ser humano tienen derecho a una vivienda digna”, es el principio en el las diputadas basan las modificaciones al Código Civil que prácticamente se traducen en la colocación de “candados” a los dueños de los bienes en renta e incluso la flexibilización de la posesión de la propiedad a los inquilinos.
“En caso de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental, natural o sanitaria, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, proponen las funcionarias en el artículo 2431 BIS, de dicho documento.
También establecen que la renta de una vivienda no podrá ser menor a tres años “salvo por disposición expresa de la parte arrendataria”.
Asimismo indica que no será permitido que se solicité más de un mes de renta como anticipo al alquiler de la propiedad y tampoco se podrá pedir fianza económica o algún tipo de propiedad a manera de garantia, recurso con el que normalmente los renteros se percatan de que los inquilinos tienen solvencia para cubrir la renta mensual.
“El arrendatario de vivienda tiene derecho a que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble; que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía; no ser víctimas de desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas; en caso de desocupaciones ordenadas judicialmente deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación”, añade la iniciativa.
Por otro lado, subrayan que, de no haber un contrato escrito sobre la renta del inmueble, el arrendador pierde el derecho de exigir una desocupación, aunque sea por incumpliento de pago. De igual manera, la falta de el contrato establecido en un papel tambié le quita a quien renta su propiedad el derecho de conservar el depósito recibido por el arrendatario, en caso de que este decida salirse del inmueble en fecha previa a la acordada.
“Tratándose de arrendamiento de vivienda, la omisión del contrato escrito impedirá la procedencia del juicio de desocupación, aún por incumplimiento del pago de la renta. De igual manera, el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de recisión anticipada del contrato por parte del arrendatario, o de una cantidad equivalente al mismo en caso del término temporal del mismo”, se lee en la modificación propuesta en el artículo 2406.
La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el pasado 10 de julio que su gabinete aún desconocía los detalles de esa iniciativa, pero que ya era revisada por el Consejero Jurídico. Además detalló que precisamente su administración trabaja en un proyecto para que las personas que no puedan solventar su renta por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria no se queden sin hogar, apelando a la solidaridad de los arrendatarios.
De acuerdo con Excélsior, los especialistas que participaron en la elaboración de la iniciativa aclararon que esta lo que se busca es dar certeza jurídica a los arrendatarios y lograr que en el 100% de los casos haya contrato de arrendamiento, debido a que actualmente hasta en un 59% de los casos –datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los inquilinos no tienen contrato de renta.
“Esa situación ha sido provechosa para abusos que cometen los arrendadores”, dijo Kalycho Escoffié, abogado especializado en derecho a la vivienda, a dicha publicación.
Mientras que la opocisión, lejos de verlo como una medida pensada en su totalidad para la ciudadanía, señala que promueve instrumentos legislativos “perversos” que atentan en pntra del derecho a la propiedad privada y, además, evidencian la incapacidad de las autoridades para brindar vivienda digna a los capitalinos durante la pandemia.
El coordinador de los panistas en el congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, dijo a el diario El Universal que la iniciativa de Ley de Inquilinos que propone Morena solo provocará más ruido en el mercado y desalentará la inversión.
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