La Comisión Económica para América Latina (Cepal), advirtió que hay 500,000 empresas formales en México en riesgo de desaparecer en los próximos seis meses debido a la crisis disparada por la pandemia de COVID-19 y se concentran en el comercio al mayoreo, al menudeo, el turismo, la manufactura, automotriz, autopartes, construcción, servicios e industrias culturales.
Así lo señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, quien agregó que en toda la región se estima que 2.7 millones de empresas formales –una de cada cinco– están en vilo, 2.6 millones de ellas microempresas. El cierre de éstas implica eliminar 8.5 millones de empleos formales.
Expuso que en México deben considerarse apoyos a empresas del sector manufacturero, comercio minorista, al mayoreo, mueblerías, confección, automotriz, espectáculos y turismo ya que serán muy afectadas por la contingencia e incluso compañías de esenciales como Aeroméxico ya piden apoyos.

Durante la presentación del informe “Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación” Bárcena Ibarra comentó que se necesita evaluar los apoyos siempre y cuando se cuide el evitar la cultura de los privilegios, e impedir que el gobierno mexicano suba su endeudamiento a cambio de bajar impuestos.
La secretaria ejecutiva de Cepal, consideró que el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) puede ser un impulso para el país porque se contempla incrementar el contenido regional de los vehículos de pasajeros a 75%, con un valor de contenido regional de acero y aluminio de 70%, lo que implica un esfuerzo para aprovechar la oportunidad.
La Comisión presentó una nueva propuesta para apoyar a las empresas que incluye postergar o cancelar pagos de impuestos, imposiciones provisionales y contribuciones territoriales, adelantar la devolución de impuestos; suspender el pago de los servicios básicos: luz, internet y gas; sin multas hasta finales de 2020.

Así como mejorar las condiciones de crédito dando períodos de gracia de por lo menos un año, plazos de cinco o más años en préstamos; reforzamiento de las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.
Así como apoyos gubernamentales para el pago de nómina, lo que significa que a las empresas grandes les darían un co financiamiento del 30% de la nómina salarial; a las medianas el 50%; a las pequeñas del 60% y a las micro de 80%, lo que en toda la región equivaldría en promedio al 2.7% del PIB.
Puntualizó que si los gobiernos dan contribuciones en efectivo a 15 millones de trabajadores autónomos formales por seis meses significaría un gasto en Latinoamérica del 0.8% del PIB, y para México esto equivaldría a 0.4% del PIB por un monto de entre 300 y 500 dólares según la capacidad de cada país.
Demandó que el apoyo económico a las unidades económicas “tiene que ser de gran escala. No sirve que sea parcial porque no va a alcanzar. Esto es para evitar la destrucción del empleo y de las empresas”.

Alicia Bárcena sostuvo que al promover un mayor apoyo a las empresas de todo tamaño, no se retracta en el respaldo reiterado a la política de “no rescates” implementada en México.
Defendió las medidas que el gobierno mexicano hace para frenar el quiebre de las microempresas y dar apoyo a trabajadores independientes que serán los más afectados por la coyuntura. Aunque previamente, también abogó por dar apoyos a las grandes empresas, que dan 39% del empleo formal y representan 90% de las exportaciones en América Latina.
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