La organización ambientalista Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) lograron este miércoles una suspensión definitiva contra el acuerdo y política en generación de energía eléctrica publicadas en mayo por la Secretaría de Energía (Sener), en los que bloquean a las energías renovables, como la operación de centrales eólicas y solares.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, consideró que se deben frenar estos acuerdos por el momento, debido a los efectos nocivos que pueden tener sobre la salud de la sociedad y el impacto al medio ambiente.
“A efecto de no generar un vacío normativo durante la vigencia de esta medida cautelar, se precisa que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación deberán aplicar las disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición de los actos reclamados”, dice el acuerdo.
Y es que en su solicitud de amparo, Greenpeace y Cemda argumentaron que estas medidas del Gobierno Federal en el sector eléctrico atentan contra la defensa de los derechos a un medio ambiente sano, derecho a la salud y a la participación en asuntos medioambientales, ya que frenan las pruebas críticas para que plantas solares y eólicas entren en operación y da prioridad a las plantas y nuevos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cabe mencionar que el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener), próximo a oficializarse, propone incrementar la quema de combustóleo para la generación de electricidad, así como aumentar la extracción y exploración de hidrocarburos, la capacidad de refinación y la extracción e infraestructura para gas natural, con el argumento de reducir las importaciones de combustibles, alejándonos de la reducción de emisiones para combatir el cambio climático.
Greenpeace México usó las instalaciones de la Central Termoeléctrica de Tula, Hidalgo, para mostrar la contaminación que se produce al generar electricidad a base de combustóleo, lo cual impide gozar del cielo, el sol y el aire puro como lo señala el punto seis del “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta termoeléctrica utiliza combustóleo al 80%, mismo que es un residuo de la refinación de petróleo, con más de 4% de azufre. Esto también puede causar lluvia ácida con afectaciones en la agricultura y se estima un impacto de 14,000 muertes prematuras anuales en Tula y en la Zona del Valle de México.
Incluso, el 17 de julio de 2019, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró emergencia ambiental en Tula, debido a que la contaminación del aire y el agua ha convertido a ese lugar en una zona prácticamente inhabitable. Situación que se agudiza aún más con esta política gubernamental de quemar combustóleo para producir energía en la zona.
Al respecto, Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Cemda, señaló en entrevista para el diario Milenio que “la suspensión es congruente con la responsabilidad de garantizar mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras”.
Por su parte, María Colín, especialista en Derecho Ambiental de Greenpeace México, consideró a este fallo como una victoria ciudadana que “restablece derechos que habían sido vulnerados por ambos instrumentos jurídicos”.
Esta es la segunda medida de este tipo que se otorga sobre las últimas políticas de la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)
El pasado 11 de junio, el juez Rodrigo de la Peza, del Primer Juzgado especializado en Materia económica y Telecomunicaciones, otorgó la primera suspensión definitiva a Defensa Colectiva, una asociación civil que se dedica a la defensa de los derechos de consumidores y a evitar daños relacionados con la contaminación al medio ambiente.
Otras compañías también han atacado la política de confiabilidad de la Sener en los juzgados especializados en materia de competencia económica. Recientemente, el ente antimonopolios Cofece interpuso una controversia constitucional al considerar que la política de confiabilidad en el sistema eléctrico anula la posibilidad de que otros participantes puedan competir frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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