En los primeros seis meses de 2020, de los casi 10,000 factureros que tiene identificados el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 700 se encuentran en su lista negra oficial.
“Desde hace 10 años empezaron a operar empresas factureras para falsificar facturas, para expedir facturas apócrifas y mediante mecanismos de lavado de recursos terminaban los contribuyentes por no pagar completos los impuestos. A veces no pagaban nada. Se creó como una especie de SAT paralelo, se creó un sistema de recaudación informal y se cometió un gran fraude”, dijo esta mañana en su habitual conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque aclaró: “No se van a dar a conocer los nombres”, refiriéndose a los señalados como factureros.
Por otro lado, según señala El Universal, junto con los evasores que resultaron del análisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos, llevadas a cabo en en febrero, también pueden resultar las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma fiscal penal que entró en vigor este año, o algunos acuerdos para evitar la cárcel.
Y es que la información del SAT arroja que poco más de un centenar de los señalados han ganado los amparos que han interpuesto. Es decir, la gran mayoría de los acusados por emitir facturas apócrifas no ha logrado comprobar su inocencia. El listado apunta a la presunción o a quienes no han aportado pruebas para ser borrados –unos 324–, o en su caso, a quienes presentaron pruebas insuficientes para convencer a las autoridades de su inocencia –al menos 41–.
El fisco registró que solo 10 contribuyentes comprobaron su inocencia al desacreditar el procedimiento en su contra con documentos legales. Mientras que 165 figuras recurrieron a un medio de defensa con el fallo a su favor.
La lista negra del SAT, reporta dicho medio, incluye empresas constructoras, despachos de arquitectura, corporativos, consultoras, firmas de asesoría fiscal y administrativa, el Consejo de Pymes del Estado de México y personas físicas.
El listado, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se desprende de las notificaciones que el fisco envía a los presuntos defraudadores, luego de que se identificó que no cuentan con el personal, infraestructura, capacidad material o activos para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales que emiten.
Posteriormente, una vez ya identificados, se les envía un oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes de los que se presume son factureros. De esta manera se saca un listado de presunción, cuyos mencionados cuentan con un plazo para defenderse y demostrar su inocencia, de no hacerlo se publica otra lista definitiva. A cada contribuyente se le dan 15 días hábiles para aportar las pruebas pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los oficios.
También, en el sitio web del SAT se puede consultar la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. Ahí aparece su nombre o razón social, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el número y la fecha del oficio, así como la autoridad que lo notificó.
Se tiene un listado completo de 11 mil 591 presuntos evasores registrados desde 2014, y otro definitivo con 9 mil 660. Además, en el registro histórico aparecen los nombres de mil contribuyentes, en calidad de presunción y otros 282 que lograron desvirtuar o acreditar que no eran factureros.
Desde que se publican las listas hace seis años, sólo 634 contribuyentes que fueron señalados lograron sentencias favorables. Sin embargo, cabe señalar, el hecho de que la figura señalada haya obtenido una resolución favorable contra el oficio de presunción o de resolución definitiva no le exime de la responsabilidad respecto a otros comprobantes fiscales falsos.
La semana pasada, también en una de sus conferencias matutinas diarias, el presidente López Obrador anunció el fraude de 48 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por parte de las empresas llamadas “factureras”.
También advirtió que se presentarían denuncias penales en contra de los personajes “encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo”, señalando que el de 48 mil millones era el primer paquete del fraude que anunciarían.
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