
Defensores de derechos laborales en México pidieron la liberación de la activista Susana Prieto después de su arresto bajo la acusación de amenazar a funcionarios públicos, planteando preguntas sobre la protección de los trabajadores antes de un nuevo acuerdo comercial en América del Norte.
Prieto, una abogada laboral, organizó huelgas el año pasado en varias docenas de fabricas en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el norte del estado de Tamaulipas, instando a mejores salarios.
Un objetivo central del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que entrará en vigencia el 1 de julio, es mejorar los derechos laborales y la independencia sindical en México.
En las últimas semanas, Prieto, que criticó el liderazgo sindical tradicional, había liderado protestas en fábricas que ha acusado de no tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores del coronavirus.
La fiscalía de Tamaulipas dijo en un comunicado que el arresto fue acusado de incitar disturbios, amenazas y coerción contra funcionarios públicos.
En un video en el que transmitió en vivo de su detención en Matamoros, Prieto dijo que no estaba al tanto de los cargos, antes de que la policía le diera una copia de la queja durante el video. El documento nombró a un tribunal laboral local como una de las partes “ofendidas”.
Los partidarios de Prieto protestaron en Matamoros, el centro industrial del norte de Ciudad Juárez, y en la capital, Ciudad de México, según los medios de comunicación y las redes sociales.
“Esta es una afrenta directa a todos los trabajadores que históricamente han visto aplastados sus derechos y su dignidad”, se lee en una declaración firmada por docenas de grupos de derechos.
El abogado laboralista Cuauhtémoc Estrada dijo que:
Matamoros, fronterizo con Brownsville, Texas, fue la ciudad donde Prieto lideró una ola de huelgas exitosas a principios de 2019 en 48 maquiladoras exportadoras que ganaron a los trabajadores aumentos salariales de 20% y bonos equivalentes a 1,650 dólares.

El video publicado en su página de Facebook mostraba a una multitud reunida fuera de las oficinas de los fiscales en Matamoros y gritando lemas como: “¡Estamos con Susana!” y “¡Liberen a Susana!”.
Recientemente, Prieto hizo campaña contra las políticas en las maquiladoras de Ciudad Juárez que, según ella, ponen a los trabajadores en riesgo de contraer el coronavirus. Filmó y pareció aconsejar huelgas en algunas plantas de la localidad que se negaron a cerrar y enviar a los trabajadores a sus hogares con salario completo, algo que permite la legislación laboral mexicana.
A finales de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador duplicó el salario mínimo diario a 176.20 pesos (en aquel entonces el equivalente a unos 9.30 dólares) a lo largo de la frontera norte de México.
Para mantener bajos los salarios, las maquiladoras en Matamoros, que a menudo pagan a los trabajadores un par de dólares por hora, habían indexado los aumentos salariales al salario mínimo, pero esa política fracasó cuando López Obrador lo duplicó.
El gobierno mexicano estaba incómodo con el movimiento, pero no trató de aplastarlo activamente en ese momento. Eso se debió en parte a que se había comprometido a poner fin a la manipulación gubernamental de los sindicatos y permitir nuevos movimientos laborales más representativos en una nación donde los sindicatos han sido corruptos, condescendientes y manipulados por el gobierno.
*Con información de Reuters y AP
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