
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha determinado un recorte presupuestal de 139.4 millones de pesos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), lo cual representará un problema de suma relevancia para la dependencia, pues provocaría la parálisis de las actividades esenciales y de su funcionamiento.
Por medio de un comunicado, la CEAV destacó el hecho de que Hacienda no los tomó en cuenta aun cuando son un grupo que “tiene la obligación de garantizar, promover, y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a estos derechos, además de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.
Además, la CEAV destacó el hecho de la reducción en su presupuesto representará que se pierda el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), el cual incluye datos personales de más de 34,215 ciudadanos.
En el documento, la Comisión hizo referencia al decreto relacionado con las medidas de austeridad a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no deberán ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.

Con esta disminución, la organización tendrá 30% menos de asesores jurídicos, lo cual impedirá el acompañamiento legal a 1,874 personas. Tampoco se podrían entregar los apoyos mensuales a las más 5,000 víctimas que son atendidas en los 32 centros de atención integral en el país.
A partir de esta determinación, puntualizaron, las personas “no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica”, pues sus gastos ascienden a 121.9 millones de pesos únicamente por concepto de renta, agua, luz, telefonía y otros servicios básicos para su operación.
Lo anterior derivará en el incumplimiento de 43 contratos, lo que previsiblemente provocará múltiples demandas judiciales en contra de la institución, además de que se debilitará el área jurídica hasta el punto de no poder atender los más de 453 juicios de amparo promovidos por víctimas en contra de la propia CEAV.
Asimismo, con esta decisión se perdería por completo la Unidad de Género, lo que dejará sin seguimiento los programas de sensibilización y prevención de acoso y hostigamiento sexual al interior de la propia Comisión.
Cabe mencionar que las partidas 2000 y 3000, las cuales se verán afectadas por la reducción del presupuesto, son utilizadas para pagar la mayor parte de su personal, el cual es eventual o de outsourcing. “Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60% están en situación”, explicaron en el comunicado.

Toda esta situación, indicó, representará un impacto de tal relevancia para la CEAV que no podrá compararse con los efectos que se resentirán alguna otra dependencia u órgano de la administración federal.
De acuerdo con una declaración para el portal Animal Político por parte de una funcionaria de la CEAV cuya identidad no fue revelada, el lunes 1 de junio les informaron a través de una videoconferencia que ya no había dinero para pagarle a los más de 100 colaboradores que trabajan por medio de este esquema.
“Nos dijeron que la situación era muy grave, que se debe la renta del propio edificio. Y que tan mal está que no hay dinero para pagar las computadoras, ni el mantenimiento. Nos pidieron que tratáramos de aguantar sin sueldo, pero la verdad es muy difícil”, comentó.
Incluso añadió que la actual titular de la Comisión, Mara Gómez Pérez, estaba lista para presentar su renuncia, ya que los recortes al presupuesto, en los hechos, significan la inminente desaparición de CEAV.
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