Un tribunal federal otorgó a dos compañías una suspensión temporal contra las medidas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había tomado para detener las pruebas que realizaban para la construcción de plantas basadas en energías limpias, en medio de la polémica por el cambio de regulaciones de la Secretaría de Energía (Sener) en el tema.
Las compañías beneficiadas con la decisión fueron la española FV Mexsolar XI SAPI y otra que prefirió mantenerse anónima, las cuales iniciaron un juicio de amparo tras la publicación por parte de Centro Nacional de Control y Energía (Cenace) del Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, publicada el 29 de abril pasado.
En dicho Acuerdo, se enuncian, en el Anexo Único Técnico, las acciones y estrategias de control operativo para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Las compañías se mostraron absolutamente en contra de la acción quinta, que indica que a partir del 3 de mayo pasado “quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas Intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial”.
“Así mismo, para aquellas que no han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas”, añade el texto. El Acuerdo cita procedimientos de seguridad por el coronavirus. Este movimiento, indicó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el órgano antimonopolio del país, encarecerá la electricidad del país.
El tribunal declaró en su decisión sobre las pruebas de plantas que ahora se exige al gobierno que justifique sus nuevas reglas antes de que puedan aplicarse a las dos compañías que ganaron el mandato temporal, de acuerdo con Bloomberg.
La agencia especializada detalló que “la decisión puede ayudar a otras compañías que solicitan medidas cautelares similares". "Todavía hay 17 solicitudes similares pendientes, de acuerdo con una persona con conocimiento directo de esos casos, quien pidió no ser identificada ya que los detalles son privados”.
Y es que la administración de López Obrador ha sido señalada por dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa productora del Estado, sacrificando en su camino proyectos privados que están enfocados en energía limpias y renovables.
La Sener publicó apenas el viernes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Nación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Cenace.
El acuerdo entró en vigor este sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables que, aseguran, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional.
A través del Cenace ahora quedará limitada la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.
Sin embargo, tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables, luego de la publicación de dicho acuerdo en el DOF.
A través de un documento dirigido a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expusieron que las acciones y estrategias del Acuerdo pondrán en riesgo las operaciones de proyectos canadienses, además de poner en duda la continuidad e inversión de los mismos.
Por su parte, la iniciativa privada mexicana señaló que la publicación del Acuerdo es “una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”. “A través de este instrumento, Sener usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial.
López Obrador dijo este lunes que los empresarios están “en todo su derecho” de acudir a tribunales para dirimir una disputa por nuevas reglas al sector eléctrico, pero advirtió que se debe “poner orden” para que no vean al país como “tierra de conquista”.
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