
El estado de Puebla ha estado en jaque desde hace meses, no solo porque el gobernador del estado,Luis Miguel Barbosa, fue duramente criticado por asegurar que “los pobres son inmunes” a la pandemia por coronavirus. También en temas de seguridad ha enfrentado obstáculos evidentes entre los que se encuentra la lucha contra el narcotráfico y el huachicoleo, principalmente en la capital.
El 24 de marzo, el Periódico Oficial del Estado (POE) informó sobre el nuevo Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que asume el mando de la Seguridad Pública Municipal en todo el Territorio del Municipio de Puebla, avalado por el Orden Jurídico Poblano. Este en virtud de los graves problemas de seguridad y violencia que enfrenta sobre todo la capital.
El mandatario refirió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado presuntamente por el ahora prófugo de la justicia, Ruben Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, tiene la mira en la capital del estado por ser un paraíso del huachicoleo, robo de combustible.
Se estima que de consolidarse, estas acciones serían una fuerte amenaza para la seguridad pública, el desarrollo económico y el turismo. Además de la inminente maximización de la violencia a nivel estatal, cobro de extorsiones y vulnerabilidad institucional a nivel local.

En 2019, la organización delictiva ya había sido señalada entre aquellas que se dedicaban a este tipo de delito, sin embargo, se caracterizaba por moverse también en otros estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Veracruz, Querétaro y Estado de México, con este propósito.
En el decreto de Barbosa, se asegura que fuentes de seguridad informaron sobre operaciones sólidas de parte de dos cárteles: Los Zetas y la Familia Michoacana. Pero que “Los Beltrán Leyva y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tiene algunas células criminales ligadas a éstos en la entidad, en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, Ciudad de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan”.
Para enfrentar este problema, considerado por las autoridades poblanas como de seguridad pública, advirtieron necesaria una estrategia “real y contundente” por parte del Ayuntamiento de Puebla que permita purgar también a la policía municipal que tenga nexos con los narcotráficantes.
El riesgo se encuentra más fuerte que nunca pues “Las redes criminales han crecido a un ritmo acelerado, por lo cual actualmente gozan de impunidad y un alto poder de organización, armas de fuego y vinculación con otras células delictivas importantes”. En resumen, la capacidad municipal de controlar el problema se ha visto rebasada por esta amenaza.

Sin embargo, la gravedad del problema estatal que enfrenta Puebla, no se reduce solo a “El Mencho”, el CJNG y todas las otras organizaciones delictivas que operan ahí. El estado actualmente ocupa el noveno lugar entre las entidades con mayor número de delitos. Tan solo de enero a febrero del 2020 fueron contabilizados 10 mil 440 denuncias, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
De los 217 municipios que tiene Puebla, en tres se concentra el 50% de los delitos de alto impacto. El lugar que encabeza esta lista es la capital poblana, el presunto nuevo objetivo del CJNG, donde hubo mil 270 delitos, equivalente al 37% del total. Por debajo de este se encuentran San Martín Texmelucan (292) y Tehuacán (269).
Puebla capital concentró también el mayor número de ilícitos como robo de vehículos, a negocio, a transeúnte, casa habitación, homicidio doloso, a transportista, extorsión, feminicidio, secuestro y a banco.
Más alarmantes aún son las cifras del municipio de Puebla del SESNSP, el cual se ha mantenido con una tendencia delictiva a la alta desde 2016, siendo el año pasada el periodo con cifras más altas con 28 mil 774 delitos. De enero a la fecha, este lugar registró 2 mil 834 actos delictivos.
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