Ante las nuevas evidencias que acreditan la participación activa de integrantes del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en presunta complicidad con narcotraficantes, por ocultamiento y manipulación, la Fiscalía General de la República (FGR) ya ejerció acción penal en contra de Tomás Zerón de Lucio, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y quien construyó la llamada “verdad histórica” del entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Zerón de Lucio es uno de los “actores clave” en la nueva investigación, por lo que los padres de los estudiantes solicitaron proceder penalmente en su contra “no sólo por el ánimo de que rinda cuentas sino, ante todo, para romper los pactos de silencio, de suerte que colabore en el esclarecimiento”.
Después de que los padres presentaron personalmente esta petición a los presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la reunión del jueves 5 de marzo, el semanario Proceso confirmó que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, solicitó a un juez la orden de aprehensión contra Tomás Zerón.
En su última edición, que ya está en circulación, el semanario señala que esta decisión se deriva del “convenio de colaboración” firmado ese mismo día entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como por la FGR para esclarecer el caso Ayotzinapa y “en su oportunidad hacer del conocimiento de la sociedad la verdad”, de lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
“Esta ha sido siempre la exigencia de los padres y de las madres: para romper el pacto de silencio que existe deben ser detenidos el ex procurador Jesús Murillo y Tomás Zerón, quienes fueron los encargados de distorsionar la investigación con su verdad histórica”.
En un reportaje firmado por el periodista Álvaro Delgado, Felipe de la Cruz, representante de las familias de los 43 normalistas, declaró que confía en que se llegue a los más altos responsables del encubrimiento de la desaparición forzada de los estudiantes, incluyendo al ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En el escrito que entregaron a López Obrador, Zaldívar y Gertz Manero, así como a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; a Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa; y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, los padres de los normalistas pidieron ir también contra los militares que participaron en los hechos de Iguala.
En el texto, del cual Proceso tiene copia, los padres de los 43 también exigen “proceder penalmente contra elementos del 27 Batallón de infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones y/o que incurrieron en delitos por sus omisiones la noche de los hechos: al menos el capitán José Martínez Crespo, (el) teniente Joel Chávez (y el) soldado Eduardo Mota”.
Ahí le exigen al presidente que “reitere sus instrucciones a las fuerzas armadas para que colaboren proactivamente, entregando toda la información vinculada directa o indirectamente con el caso y el contexto en que incurrió, sin encubrir a ningún elemento que haya estado involucrado en la desaparición de nuestros hijos, en la irregular investigación que lo subsiguió, o más ampliamente en la red criminal que operaba en Guerrero el momento de los hechos”.
Sin embargo, reprochan: “Nosotros hemos tenido la disposición de acudir a la Secretaría de la Defensa Nacional y al 27 Batallón para escuchar a los mandos castrenses, pero no sentimos que en reciprocidad el Ejército y la Marina estén apoyando proactivamente los trabajos de esclarecimiento”.
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